No se vislumbra vulneración actual de los derechos constitucionales que se acusaron transgredidos.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
El decreto busca paliar la grave afectación que las disposiciones adoptadas para enfrentar el riesgo epidemiológico asociado al coronavirus COVID-19 han causado en la economía de muchas familias y personas de todos los estratos socioeconómicos.
La Corte requirente estima que la aplicación de la norma impugnada, constituye una afectación de la igualdad ante la ley, y pugna con el derecho a la identidad.
Para facilitar el financiamiento en el contexto de la pandemia del coronavirus.
Atendido que los alumnos no tienen clases presenciales por la pandemia.
En su resolución, la Magistratura constitucional sostuvo que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 3 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, no existe una gestión judicial pendiente.
Los cargos se sustentan en el deficiente manejo operacional del recinto, lo que podría generar un posible daño al medio ambiente y a la salud de las personas.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Brahm y del Ministro García, quienes estuvieron por declarar inadmisible el requerimiento en virtud de la causal del artículo 84 N° 5 de la LOCTC.
Busca prohibir el uso de balines, perdigones, bombas lacrimógenas y armas sonoras.
