La denunciada produjo 57,45 con materia prima de la cual no pudo justificar su origen legal, adulterando para ello el informe de abastecimiento que los productores deben enviar a SERNAPESCA.
La denunciada señaló que en la sucursal fiscalizada contaba con un autoconsultor de precios, que es equivalente a exhibir en un listado la totalidad de precios, ya que los mismos se encuentran disponibles a todo público sin necesidad de asistencia de terceros.
El demandante pagó el total de sus deudas por alimentos el día anterior a la audiencia de juicio, por lo que no se le podía aplicar la sanción establecida en el inciso tercero del artículo 55 de la Ley N°19.947.
En especial las que se desarrollen en museos, bibliotecas, centros culturales, y en general, en los espectáculos o exposiciones acogidas a la ley de donaciones culturales o que reciban algún tipo de financiamiento público, mediante la adopción de medidas activas de inclusión en materia de accesibilidad física, laboral y de disfrute de las diversas expresiones, entre otras.
La Ley de Transparencia contempla una instancia para que aquellos terceros que se vean afectados con la entrega de determinada información lo hagan saber, a través de una oposición.
La cláusula de aceleración está redactada en términos facultativos por lo que pervive la ejecución de aquellas parcialidades inferiores al año de plazo previsto en el artículo 98 de la Ley N°19.092.
La jurisprudencia ha establecido, como lo ha puesto de manifiesto el a quo, que los copropietarios pueden, por propia voluntad, establecer en sus Estatutos una serie de limitaciones a sus facultades de disposición y, por ello, que afecten a sus derechos de propiedad, cuando el interés de la comunidad lo haga aconsejable y así lo estimen conveniente.
El Código Procesal Civil y Comercial consagra el principio rector en materia de costas, que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota: quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió realizar la contraria para obtener el reconocimiento de su derecho. Pero la misma norma faculta a los jueces a eximir totalmente o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido por decisión fundada.
Es posible considerarla una mutilación, porque a la edad en que deben ser castrados o esterilizados los animales, aún no han completado su desarrollo desde el punto de vista biológico.
La Corte Suprema advierte que sin embargo, se debe mencionar que la caracterización de los delitos exclusivamente militares –que son aquellos que serían de jurisdicción militar, como aquellos que lesionen únicamente bienes jurídicos militares–, preserva un espacio de incertidumbre acerca de cuáles tipos penales amparan bienes jurídicos militares, por lo que podría generar problemas interpretativos en relación al tribunal competente para conocer de este tipo de delitos.
