El órgano Contralor carece de un control discrecional respecto al plazo de caducidad para examinar y finiquitar una cuenta. En caso contrario se trataría de una obligación meramente potestativa de la Contraloría, afectando con ello el espíritu del artículo 96 de la Ley 10.336.

Recurrentes denuncian que atenta contra la libertad de opinión e información de quienes operan en redes sociales, contraviene la igualdad ante la ley, puede transformarse en una comisión especial, imponer censura previa, entre otros cuestionamientos.

La situación económica de quien requiere no es un enfoque de caso concreto, ya que una valoración de este tipo escapa al razonamiento que exige la inaplicabilidad −siempre de carácter jurídico− en torno a que de la aplicación de una norma legal en una determinada gestión pendiente pueda colegirse la producción de efectos inconstitucionales.

El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal y arbitrario del servicio recurrido, al rechazar la solicitud de la recurrente en base a una norma que se encuentra derogada.

El Tribunal de alzada descartó error en la sentencia impugnada, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, que acogió la demanda tras establecer que Sinainter incurrió en actos vulneratorios de la libertad sindical en contra del sindicato “Doña Isidora”, conformado por ex socias de la denunciada.

Asimismo los senadores hicieron un llamado al Ejecutivo a introducir en la ley corta de Isapres, aspectos de una reforma integral a la salud. También se anunció que la Comisión Técnica extenderá su labor dada la reciente sentencia.

Actualmente el litio se encuentra entre los minerales no susceptibles de entregarse en concesión minera, salvo los casos de aquellas pertenecías constituidas con anterioridad a 1979.

Los servicios deben privilegiar investigar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades administrativas por sobre una pronta tramitación de una renuncia, cuando existan indicios o sospechas de haberse incurrido en infracciones al principio de probidad.

Sin una limitación de tiempo, a diferencia de los condenados por prácticas antisindicales o infracciones a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal, para que quede de manifiesto en nuestra legislación la gravedad de los actos de corrupción, de atentar contra los recursos fiscales y contribuir así a establecer sanciones ejemplares en ese sentido.

Constató que los cuerpos de seguridad tienen prejuicios hacia esta comunidad, lo que estimó como discriminatorio. Recordó que las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo están amparadas por los estándares interamericanos y universales de derechos humanos.