El Tribunal de alzada acogió el recurso entablado en contra de la sentencia, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que rechazó la demanda.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia que estableció el pago de una indemnización total de $430.882.016, por los retrasos, paralizaciones, aumentos de plazo y obras extraordinarias, pero la revocó en la parte que condenó a la demandada al pago de $50.327.019, por concepto de lucro cesante y las costas del proceso.
Ni la parte demandante, una institución previsional que por ley debe proceder respecto de los cobros de cotizaciones previsionales de manera diligente, ni el Juez del Proceso, que debe cumplir con un mandato legal, realizaron gestión alguna durante más de 3 años.
La expresión «mientras sean necesarios sus servicios» permite que la autoridad pueda prorrogar la vigencia de la contrata más allá de su plazo original, pero no que pueda ponerle término antes de que éste finalice.
El actor se encontraba en mora hace más de tres años sin que la recurrida haya ejercido acciones tendientes a obtener el pago del crédito
La gestión pendiente incide en un recurso de apelación, seguido ante la Corte de Apelaciones de Concepción.
Incumbe al legislador garantizar a las personas condenadas, la posibilidad de llevar ante la judicatura, un caso en que la sanción fue impuesta contrariando la dignidad de la persona humana.
El senador es imputado por el ente persecutor como autor del delito reiterado de tráfico de influencias.
Con independencia de las formas contractuales, en la realidad material existía un régimen de subcontratación.
En atención a la naturaleza del delito se puede estimar que hay un peligro para la seguridad de la sociedad, por lo que la medida se encuentra debidamente motivada.
