Si bien el actor había ejercido la acción resolutoria del contrato más la indemnización de perjuicios por el monto equivalente al saldo insoluto de la deuda, el Tribunal interpretó que en realidad lo requerido era el cumplimiento forzado, por lo que accedió a este.

Envío de correo electrónico no es prueba plena de su recepción, pues dicho efecto se otorga si se acusa de recibo, y no basta aportar como pruebas documentales las capturas de pantalla para probar su envío.

No por ser de índole constitucional y de derecho público, la responsabilidad civil del Estado no puede extinguirse por el transcurso del tiempo, dado que, por su carácter universal, la prescripción no es ajena a esas normativas y puede operar en todas las disciplinas del Derecho Público.

La iniciativa tiene como propósito prevenir, sancionar y erradicar la violencia digital, otorgando protección a las víctimas.

Tales medidas deben quedar consignadas expresamente en el Rol de Vuelo respectivo.

Hay quienes, por la falta de seguridad jurídica, que se genera por la no existencia de un marco legal en Argentina, deciden realizar «turismo reproductivo». Esta práctica «puede definirse como el desplazamiento de un individuo o pareja desde su país de origen a otro país, para acceder a las TRA» y genera nuevas problemáticas.

¿Se puede aplicar la eutanasia a un preso en espera de juicio? Ese es el debate que se ha desatado estos días en España, cuando el autor de un tiroteo reclamó su derecho a morir dignamente incluso antes de su juicio.

El Gobierno suizo se ha negado a acceder a una iniciativa popular con 120.000 firmas que solicitaba someter a referéndum, una práctica muy habitual en el país, la compra de una serie de cazas militares F-35 que pretende el Ejecutivo.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso entablado por el Banco Santander – Chile al estar dirigido en contra de hechos establecidos por la judicatura del fondo.

En la audiencia de formalización, la magistrada ordenó el ingreso de Varas Sepúlveda al Centro de Detención Preventiva Santiago I, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 90 días el plazo de investigación.