Los hechos que motivan una solicitud de medidas de cautelares no requieren estar plenamente comprobados, sino que la información proporcionada debe ser apreciada desde un estándar prima facie.
La información personal que se comparte por estos medios puede ser obtenida por delincuentes, lo que se torna aun más grave respecto a los menores de edad, quienes corren riesgo de caer en redes de delincuencia organizada, tráfico de personas, prostitución, pornografía infantil u otros delitos.
Los demandantes fueron condenados por los tribunales de Moldovia a retractarse públicamente, y a admitir que el artículo publicado entregaba información falsa.
Chile es uno de los escasos países que no tiene la figura del Ombudsman o Defensoría del Pueblo, la cual está destinada a la protección y promoción de los derechos de las personas, ante la mala administración de los servicios del estado y los organismos privados que actúan en su prestación.
En la audiencia de formalización, la magistrada ordenó el ingreso de Yustin Selpa, Batista Arellano, Portillo Barrios y Peñaloza Vargas al Complejo Penitenciario de Acha, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y peligro de fuga.
El Tribunal de alzada revocó la sentencia impugnada y condenó a la empresa demandada al pago de $6.080.000 por concepto de daño emergente y confirmó la multa de 250 UTM a beneficio fiscal dictada por el 2° Juzgado de Policía Local de San Bernardo.
Si los profesionales de la demandada hubieran atendido oportunamente al recién nacido habría permitido un correcto diagnóstico y evitar el fatal desenlace.
Se trata de una moción que flexibiliza la actual legislación y que busca conciliar el libre tránsito de personas y el derecho de los ciudadanos a proveerse de condiciones de mayor seguridad.
En el reglamento general del órgano constituyente publicado en el Diario Oficial ayer, el se contemplan mecanismos para resolver consultas de la ciudadanía y también mantener publicada “información crítica” sobre su quehacer.
La requirente sostiene que la sanción-prohibición que automáticamente se impone afecta desproporcionadamente su patrimonio, actividad laboral y comercial, es injustificada, excesivamente gravosa y que no se le admite ningún tipo de defensa.
