La sentencia acoge parcialmente la reclamación presentada por un grupo de personas naturales contra resolución de la SMA que archivó denuncias contra el MOP y concluye que el proyecto Puente Bicentenario se ha ejecutado, a la fecha, sin contar con una resolución de calificación ambiental favorable.

La iniciativa consiste en una primea fase de una Red de Sensores que estarán ubicados en 3 colegios donde se instalarán olfatómetros que permitirán monitorear Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), entre otros, para detectar tempranamente episodios que pongan en riesgo la salud de las comunidades escolares.

El Tribunal ordenó al establecimiento pagar las sumas de $2.651.741 por el incremento del 30% por despido injustificado; $3.714.412 de restitución del descuento del aporte patronal a la cuenta individual al seguro de cesantea del profesor.

El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que condenó a René Isidro Villarroel Sobarzo y Carlos Segundo Tapia Galleguillos a las penas de 15 años y un día y 10 años y un día de presidio, respectivamente, en calidad de autores de los delitos.

El Tribunal de alzada descartó ilegalidad en la resolución que ordenó la entrega de la información solicitada por ley de transparencia, la cual es de carácter público.

Durante el debate de Sala se destacaron aspectos como corresponsabilidad social, la humanización de la relación laboral, la protección a los menores desde la gestación y el importante cambio cultural. La moción recibirá indicaciones hasta el 11 de julio.

En febrero de 2014, 33 jueces catalanes firmaron un manifiesto a favor del derecho a decidir. Poco después, ‘La Razón’ publicó sus nombres, fotos, tribunales donde trabajaban y, en algunos casos, sus ideas políticas.

El máximo Tribunal consideró que debido al monto involucrado, la fianza debe fijarse en la suma de $200.000.000.

Según lo dispuesto en el Decreto 280 del Ministerio de Educación, la asignatura sobre Lengua Indígena es optativa, por lo que no existe la imposición denunciada.

Jueces de fondo estimaron que los hechos probados en instancia administrativa configuran la relación de causalidad exigida por las leyes de la seguridad social española.