El lugar en el que se proyectan las obras, afecta negativamente el ecosistema del sector, vulnerándose de esta manera el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, siendo deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.

En base a la carga dinámica de la prueba, el Tribunal solicitó al proveedor que hiciera entrega de los comprobantes de compra de los bienes adquiridos, bajo apercibimiento de tener por acreditado lo señalado en la denuncia y demanda civil.

El CBR de Castro se negó a inscribir una compraventa que recaía en un inmueble indígena, en atención al artículo 13 de la Ley N°19.253, que prohíbe la enajenación de un predio indígena a un tercero que no posea tal calidad, sancionando dicho acto con nulidad absoluta.

Es importante que los progenitores al momento de hacer publicaciones que involucren datos de sus hijos, valoren el interés superior de los niños de cara a los riesgos particulares que genera la exposición de sus datos en entornos virtuales, dando prevalencia a la manifestación de su voluntad, en atención a su edad y madurez.

La necesidad de cautela no se encuentra acreditada, transgrediéndose el principio de proporcionalidad, refiere el voto en contra.

Si bien a la fecha de notificación de la demanda ya habían trascurrido los 4 años de prescripción de la acción, dicho plazo se suspendió en favor de 2 de los 3 demandantes, que eran menores de edad al momento de ocurrir el accidente.

El conflicto a resolver debe ser analizado con perspectiva de género y los agravios deben tener favorable acogida, pues se verifican los presupuestos exigidos por la ley aplicable, en tanto la reclamante, durante la vida conyugal, se dedicó a atender el hogar y cuidar de sus hijos, y no pudo desarrollar una actividad laboral que le generara una renta suficiente como para auto sustentarse después de roto el vínculo matrimonial.

Las personas no recurren a la justicia civil de menor cuantía, ya que ello implica incurrir en gastos de diversa naturaleza.

El máximo Tribunal sostiene que, si se cumplen los requisitos para el otorgamiento de la servidumbre establecidos en los artículos 120 a 124 del Código de Minería, el gravamen debe ser concedido al solicitante, aun si el beneficiado no se encuentra en disposición inmediata de iniciar la actividad minera, o se encuentran pendientes los permisos respectivos.

Al solicitar el nombramiento de un árbitro para un juicio sobre cuentas, el demandado negó la rendición argumentando no haber aceptado el encargo, situación que debe ser conocida en un procedimiento declarativo de cuentas, donde ambas partes expongan sus argumentos sobre la existencia -o no- de la obligación solicitada.