El obrar de la recurrida no solo deviene en arbitrario, pues ejerce su potestad fuera de su ámbito espacial, sino que se erige como una comisión especial, cuestión prohibida por el artículo 19 N°3 inciso 5° de la Constitución.
No aparecen antecedentes según los cuales haya habido alguna acción u omisión que actualmente ponga en riesgo la libertad personal o seguridad individual del amparado, por lo que su traslado debe realizarse siguiendo los procedimientos regulares, refiere el voto en contra.
Minimiza el riesgo de posibles demandas por negligencia profesional, y refuerza la seguridad jurídica de los clientes, por cuanto tendrán desde el primer momento a otro profesional que se ocupe de sus asuntos.
El máximo Tribunal estableció error de derecho al desestimar a los menores de edad que fueron representados solo por uno de sus padres en la demanda civil deducida.
Lo anterior, ya que se incurrió en un error en la aplicación de la pauta de evaluación en el criterio “Especificaciones Técnicas”, lo que alteró la posición final de los oferentes.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar deducida tras constatar el actuar ilegal y arbitrario de los recurridos.
La causal escogida no se aviene con el contenido de la construcción argumentativa en que se sustenta.
Se detectó que el imputado, Juan Alejandro Matus Lagos, ingeniero informático y encargado del soporte técnico de las cámaras de seguridad de un establecimiento educacional de la ciudad de Puerto Montt, mantenía en un equipo computacional a su cargo, imágenes almacenadas de alumnas –niñas y adolescentes–, cuando se cambiaban ropa, las cuales captó con una cámara de vigilancia que instaló en un camarín del colegio.
También para exigir que los estudiantes deportistas seleccionados de alto nivel sean sometidos a un régimen de estudios compatible con su actividad deportiva.
El Tribunal de alzada descartó infracción al debido proceso y error de tipificación de la conducta sancionada.
