Los mandatarios designados por el requirente han quedado excluidos de la tramitación de la causa, no han sido citados a las audiencias y a las gestiones que se han practicado y tampoco han sido emplazados a efectos de evacuar los trámites de un procedimiento.

Es incompatible con el derecho de libertad sindical la negativa empresarial de publicar circulares o comunicados del sindicato, como también lo es ejercer un control sobre su legalidad, veracidad o su redacción.

Se infringiría el derecho a la honra, pues el derecho a usar el nombre que a una persona le corresponde de acuerdo a la filiación natural y legalmente establecida, se relaciona directamente con la autopercepción positiva y buena que cada persona tiene derecho a tener de sí misma, y la que espera de los demás.

Fue condenada a prisión por dos asesinatos frustrados y un delito de estragos.

El artículo 768 inciso antepenúltimo del Código de Procedimiento Civil introduce la prohibición de instar por la anulación de la sentencia definitiva que, desconociendo el deber de motivar las decisiones, vulneraría la garantía de un procedimiento justo y racional.

De acuerdo al máximo Tribunal, “la actora acompañó una escritura pública que, si bien aparece titulada como ‘mandato administrativo’, claramente contiene la voluntad de los mandantes, manifestada ante Notario Público, en orden a que la profesional actúe en su representación, en toda gestión judicial en que tengan interés”.

Contiene un marco sancionatorio penal urbanístico excesivamente amplio y vulnera, especialmente, el principio de legalidad.

El artículo 157 TFUE debe interpretarse en el sentido de que tiene efecto directo en litigios entre particulares en los que se invoca la vulneración del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un trabajo de igual valor.

La acción se dedujo por el Banco Estado contra una ex funcionaria.

El dictamen refiere particularmente al derecho de alimentación consagrado en el artículo 206 inciso primero del Código del Trabajo.