Los padres de la adolescente sobre medida proteccional arribaron a una solución colaborativa, en los términos y plazo establecidos ante el tribunal de familia, por lo que el asunto denunciado por esta vía se encuentra sometido al imperio del derecho.

Las decisiones de los órganos de la administración deben ser fundadas, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 11 de la ley 19.880.

No hay evidencia de que, previo al despido, la empleadora haya realizado una investigación o sumario interno en pos de demostrar las imputaciones como configurativas de una “pérdida de confianza” que hace imposible la continuidad de la relación laboral que perduró por casi 22 años, ni de que se le haya otorgado la posibilidad de efectuar un descargo antes de su desvinculación.

El requirente alega que la norma legal objetada en atención al inciso segundo del artículo 5 de la Constitución, infringe el derecho a un recurso contra el fallo de un tribunal inferior, consagrado en el artículo 8º Nº2 letra h) de la Convención Americana de Derechos Humanos.

El requerimiento de licencia profesional está dada también por las dimensiones y características del vehículo, superiores a las permitidas a los que pueden ser conducidos con una licencia no profesional y es ello lo que impone exigencias superiores a sus conductores que el acusado no reunía.

Debe prevalecer el derecho a la libertad de expresión, sin que pueda afirmarse que el término ladrón sea un insulto injustificado que permitiría invertir la prevalencia en el conflicto entre derechos fundamentales en favor del honor, cuando los agravios guardan relación inmediata con hechos anteriores que, con cierto fundamento, hacen dudar del empleo adecuado de los fondos comunitarios.

La Jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha reconocido que una conducta de colaboración implica, por un lado, un propósito serio y verdadero de contribuir en el desarrollo de la investigación y del juicio, es decir, tener una disposición subjetiva y, por otra parte, que este aporte sea efectivo para esclarecerlos, en términos que el Tribunal pueda apreciarlo y calificarlo como sustancial, vale decir, que sea trascendente.

El requirente alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, ya que, al no haberse formalizado la investigación, la decisión de no perseverar en el procedimiento hace imposible el ejercicio del derecho a la acción penal por parte de la víctima.

Como corolario propio del principio de legalidad, las instituciones de educación superior deben señalar en sus normas internas, de forma expresa y previa, las conductas que considera como faltas disciplinarias. También deben establecer, con precisión, las sanciones que corresponden a esas faltas. Y, por último, deben indicar un procedimiento adecuado para adelantar el trámite disciplinario.

Se trasluce una crítica al procedimiento anterior al juicio oral, al reprochar la resolución que citó a la audiencia de factibilidad técnica, a la que asistió pudiendo ejercer sus derechos como defensa, sin que se vislumbren en el recurso, alegaciones ni argumentos respecto de situaciones que pudieran haberle impedido ejercer sus facultades como defensor durante el juicio oral.