El magistrado sometió a proceso a Héctor Orozco Sepúlveda, ex oficial de Ejército; Raúl Navarro Quintana, médico y ex oficial de Ejército y Milton Núñez Hidalgo, ex suboficial de Ejército, como autores en delito de secuestro con grave daño.
El máximo Tribunal se refiere a las infracciones de los propietarios a las normativas de protección patrimonial.
El Tribunal condenó a las empresas Construcciones Curarrehue SpA, Constructora Sigro S.A y Emilio Vaisse SpA como responsables del accidente del trabajador.
El Tribunal de alzada estableció que la información de las empresas es reservada, ya que contienen datos sensibles que podrían afectar su labor comercial y, además, ha sido declarada secreta en otros procesos judiciales.
El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario en la decisión de normar la labor de los conductores.
Explicó lo acontecido en la resolución de la protección presentada por los apoderados del colegio Charles de Gaulle en contra la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío, que calificó favorablemente la declaración de impacto ambiental del megaproyecto inmobiliario «Ciudad del Parque», sin abrir un procedimiento de participación ciudadana.
El documento concluye que el conflicto, en una mirada positiva, a partir de su forma de gestión, es un factor de luz, oportunidad, cambio y empoderamiento.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Hernández Emparanza, quien estuvo por no acceder a la solicitud de suspensión del procedimiento solicitada por la requirente.
De acuerdo a la empresa, la paralización configuró la hipótesis contemplada en el artículo 290, letra f) del Código del Trabajo; esto es, «ejercer los derechos sindicales o fueros que establece este Código de mala fe o con abuso del derecho».
No resulta procedente que ello se materialice respecto de calles, pasajes o «arterias» que no reúnan las exigencias legales para ello.
