Es responsabilidad de la Administración mantener sus bases de datos actualizadas e impedir medidas de gestión que vulneren derechos.
Los recurrentes solicitaron el desalojo de los ocupantes ilegales del inmueble y la presencia de personal policial, con el fin de resguardar el inmueble.
La requirente alega que la normativa impugnada amplía lo que debe entenderse por información pública más allá de lo que autoriza el texto constitucional.
En procedimientos de desalojo las autoridades deben adoptar acciones para proteger el goce efectivo del derecho a la vivienda de la población ocupante, pues son sujetos de extrema vulnerabilidad.
La conducta de la recurrida se torna arbitraria e ilegal y afecta las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°1 y N°24 de la Constitución.
El asunto está radicado en el tribunal de familia, que es la autoridad competente para decretar las medidas que estime pertinentes.
La Corte requirió al Congreso la revisión urgente de la regulación vigente en la materia, pues el ejercicio efectivo del derecho a sufragio exige una regulación específica.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que confirmó la de primer grado que rechazó la prescripción de acción y ordenó seguir adelante la ejecución.
El Tribunanl de alzada desestimó el reclamo, tras establecer que la información solicitada por ley de transparencia, es de carácter público.
Las autorizaciones administrativas no habilitan para perjudicar a terceros, de lo contrario el desarrollo de dichas actividades justificadas en dichas concesiones constituiría un abuso del derecho.
