La empresa debe pagar cotizaciones previsionales insolutas, pues la presentación de la demanda ejecutiva interrumpió el plazo de prescripción de la acción de cobro que establece el artículo 31 bis de la Ley N°17.332.
El demandante no pudo acreditar su dominio respecto del inmueble que pretendía reivindicar, acusando una errada valoración de las pruebas. Para el máximo Tribunal, tal reclamo se condice con una disconformidad con el resultado del juicio, y no con errores de derecho que persigue el recurso de nulidad sustancial.
Es evidente que la aceptación o admisión de responsabilidad en un juicio oral simplificado es precisa y únicamente de la responsabilidad penal correspondiente, no una aceptación de la pena propiamente tal.
No existió una notificación de la cesión al consumidor con carácter previo a la acción ejecutiva rechazada y, por ende, este contrato le fue inoponible hasta entonces. De esta manera, el banco actuó ante el actor como si hubiera continuado siendo su acreedor, con lo cual la certificación de libre deuda expedida acredita la cancelación del crédito cedido e implicó la generación del derecho del actor de liberarse y repeler las acciones en su contra.
Se acordó fijar plazo hasta el mediodía de este martes para presentar indicaciones y por la tarde sesionarán para concordar la forma en que comenzarán a votar en particular la jornada del miércoles.
El Tribunal de alzada descartó que la entrega de la información solicitada por ley de transparencia afecte los derechos comerciales o económicos de los recurrentes.
El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso por estar mal formulado.
A Quezada, quien anteriormente había sido seremi de Hacienda y gobernador de la Provincia de Iquique durante la primera administración de Piñera, se le acusa de haber pagado sobreprecios, a través de tratos directos, a las empresas proveedoras de las cajas que se repartieron en el marco del programa “Alimentos para Chile” durante la pandemia.
El máximo Tribunal revocó la sentencia en alzada, tras establecer la responsabilidad de la demandada por incumplir obligación de mantener la ruta en condiciones de seguridad para el desplazamiento de los usuarios.
El máximo Tribunal estableció falta o abuso grave al denegar la entrega de la información solicitada por ley de transparencia y descartó que su publicidad afecte derechos comerciales o económicos de la AFP.
