La Corte Suprema señaló que, el sistema de homologación establecido por la recurrida, resultó injustificada y, por lo tanto, arbitraria.
La Corte Suprema señaló que, el conflicto planteado no es de aquellos que debió ser dilucidado a través de la acción cautelar.
Los recurrentes estimaron que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 1, 2, 4 y 12.
Los recurrentes estimaron que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 2, 15 y 24.
La Magistratura constitucional sostuvo que los preceptos reprochados se prestan para abusos, por ser insuficiente a efectos de asegurar que la medida de castigo no trascienda la gravedad de los hechos cometidos.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
Máximo Tribunal indicó que existen indicios que darían cuenta de presuntas vulneraciones de garantías.
La autora, Marcela Chahuán, sostiene que el concepto de aplicabilidad permite explicar que los sistemas jurídicos pueden contener normas dirigidas a los órganos aplicadores que imponen el deber de aplicar otras normas jurídicas
Sentencia de alzada indicó que la presunción establecida en el artículo 508 del Código del Trabajo es de derecho y no admite prueba en contrario.
La magistrada destacó que en la sentencia de máximo Tribunal que, «el cumplimiento de una pena o medida cautelar impuesta por un Tribunal como consecuencia de la comisión de un delito público no puede quedar al arbitrio del condenado o de la víctima, ni siquiera en los casos en los que las mismas se orienten a la protección de aquella».
