La medida de expulsión había sido tomada por la asamblea, luego de acusaciones de malas relaciones vecinales y de ceder el goce de la vivienda social a un tercero. Sin embargo, el procedimiento no se ciñó a lo establecido en el propio estatuto del Comité de Vivienda.

Si bien no se descarta que el precio publicitado haya sido un error de parte de la empresa proveedora, lo cierto es que tal error debe ser asumido por quien está en mejor posición de evitarlo, y en este caso, es la proveedora, por lo que debe indemnizar.

En la especie, transcurrió más de un año entre la presentación de la demanda y la notificación de la misma, por ende, la declaración de prescripción de la deuda debe ser total.

El legislador ha supuesto que la actuación de funcionarios de tan elevada jerarquía se cumple en sus respectivos despachos, con el expediente a la vista, razón por la cual es necesaria la notificación personal.

El artículo 23 del DL N°3.063 establece que quedan gravadas con el impuesto de patente municipal las actividades lucrativas secundarias y terciarias, además de las primarias o extractivas, siempre que medie algún proceso de elaboración de productos, aun cuando tal proceso se realice en el mismo predio.

En la Ley N°19.995 y sus Reglamentos, así como las Circulares de la SCJ y la jurisprudencia administrativa de la CGR, regula el procedimiento para la autorización y renovación de patentes comerciales para la explotación de máquinas de juegos cuando se certifique que no son de azar.

Los servidores vinculados bajo las normas del Código del Trabajo a dicha Jefatura son funcionarios públicos y forman parte del personal institucional.

El principio de unidad de materia tiene como finalidad la racionalización de la actividad legislativa, no solo en relación con el diseño de cuerpos normativos dotados de coherencia, sino también con la democracia deliberativa y la organización de un adecuado debate público centrado en una materia más o menos delimitada sin dispersiones inadecuadas.

Este caso tiene como origen una serie de denuncias ciudadanas que evidenciaron que las obras de la inmobiliaria no cuentan con permiso ambiental, lo cual ha generado una alteración en la flora y fauna que habita en este ecosistema de Puerto Montt, en el que existen especies como el Sapito de cuatro ojos —especie casi amenazada— y el Alerce —especie en peligro—.

El máximo Tribunal estableció error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, al confirmar la de primer grado que rechazó la acción deducida por uno de los miembros de comunidad hereditaria.