Las autoridades estonias no identificaron ni examinaron las circunstancias particulares del caso, ni evaluaron los diversos derechos e intereses de las personas involucradas, incluidos los del solicitante, en cualquiera de los dos procedimientos que permitieron la adopción o los relativos a su nulidad. Por tanto, se ha producido una violación del artículo 8 del Convenio.

La denunciada, además, comercializó 5,0 toneladas de cholga sin contar con los documentos que acreditaran el origen legal de las especies hidrobiológicas que vendió, configurando así la infracción descrita en los artículos 65 y 107 de la Ley General de Pesca.

La multa equivale hoy a más de 7.600 millones de pesos y se funda en la sobre extracción de aguas subterráneas del acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, esto pese a la disminución del nivel freático en el sector Tilopozo mayor a 25 centímetros.

La Segunda Sala del máximo tribunal estableció el actuar arbitrario del tribunal del grado al rechazar la revisión de la condena, sin atender a la dictación del nuevo artículo 8 de la Ley 20.000, que dejó sin sanción penal el cultivo de drogas para fines medicinales.

La Primera Sala del tribunal de alzada stableció el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida al denegar el financiamiento del fármaco, afectando el derecho a la vida e integridad física y síquica del menor.

Para el pleno de ministros, el proyecto de ley busca salvar un vacío en la legislación ambiental, vinculado a los mecanismos de impugnación de la sentencia definitiva dictada por los Tribunales Ambientales, cuando conocen de materias reguladas en leyes especiales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 N° 11 LTA, y en los cuales no se ha establecido un mecanismo de impugnación de la misma.

La Segunda Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el Segundo Juzgado de Policía Local, con declaración que se aumenta a $2.000.000 el monto de la indemnización por concepto de daño moral que la empresa demandada, La Serena SpA, deberá pagar a la afectada y la multa de 4 UTM, será a beneficio fiscal y no municipal.

La Novena Sala del tribunal de alzada descartó infracción en el procedimiento administrativo abierto por la autoridad fiscalizadora.

El requirente participó en una detención ciudadana que derivó en el homicidio por el que fue condenado. Alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, como así también, el derecho de recurrir del fallo ante tribunal superior porque no se concede recurso en contra de la segunda sentencia condenatoria

El contenido de la página que es motivo del recurso es de carácter informativo y para entregar elementos para conocer las diversidades sexuales y ello, en el contexto de medidas para evitar conductas de discriminación en los establecimientos educacionales.