El requirente alega que el precepto impugnado contradice la Constitución en la forma en que ésta regula el desafuero de autoridades públicas, vulnerando además el debido proceso.
El máximo Tribunal desestimó la alegación de que el Comando de Bienestar del Ejército actuó en calidad de mandatario.
En razón del principio de especialidad, la Ley N°20.027 prevalece sobre los procesos concursales de la Ley N°20.720.
A través de ellas, el Estado persigue satisfacer necesidades públicas y colectivas.
El máximo Tribunal desestimó el arbitrio al considerar que en el fallo que lo motiva, no existe un pronunciamiento sobre la materia de derecho respecto de la cual se pretende la unificación.
Recurrente pretendía reivindicar una porción de un inmueble sobre el cual posee derechos, para ello, acusó la infracción del artículo 892 del Código Civil, el cual no fue invocado en la demanda.
En virtud del principio de especialidad esta judicatura es la competente para conocer acerca de los conflictos relativos a procedimientos administrativos de contratación con organismos públicos.
La iniciativa tiene por objeto que el Estado reconozca los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) como una enfermedad que puede tener consecuencia de muerte.
Al interpretar el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores se debe priorizar el interés superior del niño si corre peligro en su país de residencia.
El Tribunal elevó a a $100.000.000 la indemnización que el Fisco deberá pagar a las víctimas demandantes, por concepto de daño moral provocado por sus compañeros de armas, quienes los sometieron a torturas durante el proceso sustanciado por la justicia militar.
