El fallo del Tribunal de Alzada señaló que, no se verificó la existencia de un acto u omisión arbitrario e ilegal por parte de la recurrida.
La Corte no se refirió al fondo del asunto, señalando que el amparado no cumple con el tiempo mínimo para acceder al beneficio solicitado.
El recurrido consideró insuficiente la justificación del amparado.
Pese a la decisión, el máximo Tribunal ordenó al municipio decretar el pago del dinero adeudado.
El amparado considera vulnerado su derecho a la libertad individual.
La Corte de Santiago indicó que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando este ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20.
La Corte de Concepción indicó en su oportunidad que, no es posible advertir la existencia de actos u omisiones ilegales y/o arbitrarios que puedan afectar algunas de las garantías que se reclaman conculcadas y que justifique el ejercicio de esta vía cautelar excepcional.
Corte de Antofagasta consideró que no existen vulneraciones a derechos del recurrente.
Uno de los cambios que experimentó en su primer trámite y que deberá ser debatida en las próximas semanas, es el universo de beneficiados. Hoy correspondería solo a los que laboran en pequeñas empresas.
El texto, presentado por el diputado Sebastián Keitel, llama a generar conciencia en la ciudadanía.
