El máximo Tribunal estableció que se encuentra probada en la especie, la responsabilidad del hotel en el accidente, por lo que ordenó al pago por daño emergente, junto a los $5.500.000, a título de daño moral, fijado en el fallo de primera instancia.
El Tribunal de alzad estableció el actuar arbitrario de la parte recurrida al negar el tratamiento recomendado por médico tratante.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario del municipio al ordenar los cobros publicitarios por la exhibición del logo del plantel, el que se encuentra expresamente excluido por ley, del pago de derechos por publicidad.
La definición de cuerpo del delito comprende ambos conceptos, tanto las armas, instrumentos o efectos encontrados en el lugar del crimen así como el cadáver o el cuerpo lesionado de la víctima.
La teoría de la ocasionalidad relevante, comprende una circunstancia negativa y otra positiva. La primera implica que los elementos generadores del accidente no son específicos o inherentes al trabajo, y la positiva es que o bien el trabajo o bien las actividades normales de la vida del trabajo hayan sido condición sin la que no se hubiese producido el evento.
No son aplicables las causales de reserva de la información del artículo 21 de la Ley de Transparencia, puesto que los datos solicitados son de orden estadístico, sin hacer mención a nombres, direcciones o cualquier otro antecedente que permita la identificación de aquellos que se sometieron al cambio registral.
Exigir la notificación de la demanda para entender interrumpido el plazo de prescripción es un requisito adicional que contraviene su fundamento.
De igual forma, al solicitar que el tribunal declare de oficio la nulidad absoluta de los actos que adolecen de objeto ilícito, el vicio debe ser de tal magnitud que aparezca de manifiesto, tal como lo exige el artículo 1683 del Código Civil.
El conflicto propuesto es de índole contractual por lo que debe ser resuelto en un procedimiento de lato conocimiento y no mediante la vía cautelar de urgencia que representa el recurso de protección.
El procedimiento disciplinario que devino en la expulsión del actor fue legal y estatutariamente tramitado.
