El fallo considera que las restricciones a los derechos de los demandantes tuvieron como finalidad castigarlos por su trabajo en el ámbito de los derechos humanos e impedir la continuidad de sus actividades.
Se debe realizar una revisión constante de la normativa para evitar que circunstancias no previstas en ella frustren la finalidad protectora del Derecho del Trabajo.
Los recurrentes consideran que la Comunidad Autónoma se atribuyó poder propios del Estado.
La circunstancia que se priorice a aquellos funcionarios a honorarios que cumplen servicios de naturaleza habitual en la institución de que se trata, no merece reproche de ilegalidad o arbitrariedad.
El Estado no observó la debida diligencia en la regulación y fiscalización en materia ambiental. La CIDH concluye que el Estado peruano es responsable por la violación.
En cada uno de estos reglamentos se aprobaron algunas normas que resultan preocupantes, pues contrarían el marco jurídico vigente que rige a la Convención Constitucional, vulneran ciertos derechos y libertades y anticipan definiciones y/o limitan discusiones que deberían producirse en el debate de fondo.
A las 15:38, Elisa Loncon dio por abierto el debate constitucional, de acuerdo a las normas constitucionales y reglamentarias que rigen a la Convención.
El Tribunal de alzada estableció la falta de servicio de la Policía de Investigaciones y una conducta injustificadamente errónea y arbitraria del Ministerio Público en la investigación por el homicidio de la joven sicóloga, los que produjeron perjuicio laboral y daño moral a los demandantes.
La iniciativa debutó en 2020 en el marco de la reforma y modernización de Carabineros de Chile.
De acuerdo a estudios, un 55% de los niños en el país usan redes sociales. Un 44% de ellos crearon directamente sus cuentas y acceden a ellas sin la supervisión de sus progenitores.
