No es necesario invocar la aplicación del enfoque de género en la acusación, pues es una obligación para el Tribunal, como agente del estado en el rol de garante de derechos humanos.

Si bien no puede declararse la invalidez de las primeras actas de nacimiento pues subsiste el tema relativo a la filiación existente entre los recurrentes y su padre biológico, sí se ordenará una anotación marginal en la cual se establezca que se hizo un nuevo registro por virtud de la filiación por solidaridad, con base en el reconocimiento que hizo el causante.

Por regla general, la muerte del mandante extingue el mandato, pero excepcionalmente y en atención al artículo 396 del Código Orgánico de Tribunales, el mandato judicial persiste luego del fallecimiento de quien lo otorga.

El interés contendido en el contrato debe contrastarse con el tipo medio de las operaciones de crédito al consumo en su conjunto, en operaciones a plazo de uno a cinco años, que era del 7,49 % TAE, lo que lleva a reputar como claramente desproporcionado el fijado en el contrato.

La aplicación de la jurisprudencia no debe interpretarse como una imposición de esta Corte, sino como la aplicación de la función Constitucional de unificar la interpretación del derecho que le corresponde a cada órgano jurisdiccional, así como también en aras de preservar la vigencia de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima en las decisiones de los jueces e igualdad en el acceso a la administración de justicia para la solución de los conflictos.

El Tribunal de alzada descartó que la entrega de los datos afecte derechos de terceros.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que confirmó la de primera instancia que rechazó la demanda.

La determinación adoptada por el tribunal en el marco de la dictación de una medida provisional procedimental adoptada por el organismo fiscalizador se fundamenta en la necesidad de evitar un daño o riesgo a la salud de las personas por las reiteradas infracciones de los locales.

Los primeros demandaron ante tribunales y obtuvieron sentencias favorables en contra de las municipalidades en donde se desempeñaban. Sin embargo, en el supuesto que los recurrentes obtengan fallos a su favor –y tengan un título ejecutivo que reconozca sus derechos- la resolución de la Corte IDH también surtiría efectos respecto de ellos.

El máximo Tribunal estableció que la parte demandada ocupa legítimamente el inmueble en litigio.