El “mulero informático” es el que interviene en la comisión del delito mediante el aporte de una cuenta bancaria propia para transferir el dinero obtenido de modo ilícito. Los intermediarios financieros actúan por lo general con ánimo de lucro, recibiendo una comisión en contraprestación por su aporte.
La injerencia en los derechos de los demandantes se realizó de conformidad con la ley. El desalojo fue ordenado por el Tribunal de Apelación, ante la existencia de una situación manifiestamente ilícita por la ocupación ilegal de terrenos sin título alguno. En vista de las molestias y peligros creados por los campamentos, la injerencia persiguió los fines legítimos de proteger la salud y la seguridad pública, además de la protección de los derechos y libertades de los demás.
En la especie, el documento fue protestado por “enmendado”, causal ajena a aquellas reconocidas por el artículo 22 de la Ley de Cheuques, por lo que la gestión preparatoria iniciada por el actor era improcedente.
La reparación integral es un derecho de rango constitucional, que tiene como finalidad resarcir los daños ocasionados a víctimas de infracciones penales, así como también de violaciones a los derechos humanos y constitucionales. La reparación integral hace referencia a los daños materiales o pecuniarios generados en perjuicio del patrimonio de la víctima, y a los daños de carácter inmaterial.
El rol del Consejo para la Transparencia ha sido esencial pues a través de sus decisiones se ha obligado a las corporaciones municipales a cumplir la normativa vigente con dictámenes ratificados por los tribunales superiores de justicia.
Tratan de la pena de muerte, personas en situación de migración o refugio, personas en situación de desplazamiento, desaparición forzada y libertad personal.
El mínimum de la pena es una expresión jurídica que significa el mínimo de la pena. Por ejemplo, si la pena asignada a un delito es presidio menor en su grado máximo (3 años y un día a 5 años de presidio) se excluirá la mitad de la pena más beneficiosa al condenado, es decir, la pena quedaría en 3 años y un día a 5 años.
Al existir meras sospechas de inimputabilidad y peligrosidad, no existe tampoco la posibilidad de aplicar una medida cautelar personal general.
Se está ante un sistema de valoración de prueba regido por las reglas de la sana crítica, en el que existe libertad de prueba a fin de que el juzgador adquiera su convicción; por contrapartida a lo que acontece en el sistema de prueba legal o tasada.
El prejuicio no consiste únicamente en el intolerable retraso con que se ha reconocido el derecho del perjudicado, sino la comprensible angustia, inseguridad, desconfianza y desánimo por el transcurso del tiempo y en las legítimas expectativas que no se concretaban.
