Además, el mensaje ingresado al Senado centraliza las funciones de investigación del patrimonio del deudor en el juez o jueza.
La directiva del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, se reunió este martes con la Presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, para realizar sus planteamientos con respecto a los nuevos juzgados vecinales y los centros de justicia vecinal, incluidos en el borrador de la nueva Constitución. También se reunieron con el Presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, y entregaron una carta en el Palacio de La Moneda, dirigida al Presidente Gabriel Boric.
En los hechos no se ha negado la puesta en servicio de las instalaciones domiciliarias de agua potable y de alcantarillado, sino sólo se ha requerido para proceder a ello y autorizar el inicio de las obras, contar la autorización de la Asociación de Canalistas.
A través de la red social, el demandado denostó la honra del demandante al señalar que éste utilizaba dinero público para operaciones políticas particulares, declaraciones que fueron eliminadas de la plataforma posteriormente.
En caso contrario, sus decisiones incumplen con la exigencia del artículo 170 N°4 del Código de Procedimiento Civil, lo que configura el vicio de nulidad formal del artículo 768 N°5 del mismo cuerpo legal.
Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, por lo que debe ser tratada como tal mientras no se demuestre lo contrario mediante una sentencia penal firme debidamente motivada.
La actividad del acreedor no es el medio exclusivo para interrumpir el lapso de tiempo que pueda afectarle.
La normativa restrictiva que afecta a los medios de comunicación, la falta de independencia judicial y el irrespeto al Estado de Derecho comprometen la igualdad de condiciones, la imparcialidad y la transparencia de las elecciones.
El Estatuto de Atención Primaria de Salud no permite la aplicación del Código del Trabajo como norma supletoria, salvo respecto a las normas de protección de la maternidad, paternidad y a la vida familiar.
Si el domicilio del demandado se encuentra fuera de la comuna de asiento del tribunal, éste puede oponerse a la ejecución dentro del plazo de 8 días.
