La mera disconformidad de una de las partes con las conclusiones a las que arribó un perito designado no constituye una razón suficiente para acceder a su remoción.
El inicio de la investigación suspende este plazo de prescripción. Según lo previsto en el artículo 86 de la ley 20.529, no es posible ejercer la potestad sancionadora administrativa en este caso concreto.
La decisión beneficia a personas que obtuvieron la residencia por razones humanitarias, que no cuenten con permiso de trabajo, ya que anteriormente solo los migrantes con actividad laboral podían optar al subsidio.
El cobro de regalías adicionales vulnera el principio de neutralidad tecnológica, ya que impone una carga adicional a los usuarios que utilizan internet que es contraria a la Ley de Derechos de Autor.
Toda investigación contra una persona, en cualquier nivel, sobre presuntos vínculos con el narcotráfico y el terrorismo goza de la más alta relevancia e interés público, y constituye, a todas luces, un hecho noticioso que debe ser objeto de escrutinio a través del ejercicio del derecho fundamental a la libertad de información.
El Tribunal Calificador de Elecciones considera que carece de competencia para resolver el reclamo al tenor de lo que dispone el artículo 26 de la ley 18.603.
El ISP no cumplió de forma clara la entrega de estos antecedentes ante requerimiento que se le formuló.
La “potestas” era el poder político capaz de imponer decisiones mediante la coacción y la fuerza. La “auctoritas” era un poder moral, basado en el reconocimiento o prestigio de una persona.
El Tribunal estableció que lo pactado por las partes era la prestación de servicios educacionales en modalidad diurna, correspondiente al régimen general de la carrera de Ingeniería en Minas, sin hacer alusión a alguna condición especial derivada de la condición de trabajador del estudiante.
Razones de orden económico no deben invocarse cuando está comprometido el derecho a la vida y la integridad física o psíquica de una persona.
