La sentencia explica que es irrazonable que el legislador garantice la grabación de la audiencia, independientemente de la autorización judicial y, al mismo tiempo, considere delito el uso de teléfonos celulares cuando el juez determine que no se ha de utilizar.

El ente contralor adujo esto, en la medida que se cumplan las condiciones que indica.

Es obligación de la universidad adoptar medidas con el fin de salvaguardar la vida y la integridad de sus estudiantes.

El recurrente carece de un derecho indiscutido y preexistente que se pueda proteger mediante la acción de protección.

La rebaja de la cuantía de las penas a la que se refiere el artículo 65 del Código Penal es una atribución facultativa y no constituye un imperativo legal para los tribunales del fondo.

De esta manera, el máximo Tribunal español acogió el recurso de casación interpuesto por unos padres que denunciaron en abril de 1993 la desaparición de su hijo junto con su vehículo en Madrid y en donde la investigación identificó a los dos presuntos autores, uno de ellos procesado en rebeldía.

Se denegó orden de no innovar solicitada por la recurrente.

El Tribunal de alzada descartó error en la valoración de la prueba realizada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el Tercer Juzgado de Letras de Ovalle, con declaración que se elevó el monto de la indemnización a $15.000.000.

El Tribunal estableció que la supermercadista incumplió con la obligación legal de pagar oportunamente las cotizaciones previsionales de la demandante.