«El hecho de que la medida propuesta sea temporal, fundamentada en una situación excepcional subyacente y, que responda a razones humanitarias y de salud pública, hace posible señalar que la idea legislativa parece lo suficientemente específica y proporcionada como para considerarse razonable», sostiene el informe.

Se recibió la observación que criticaba la falta de explicitación sobre el control judicial de la medida de retorno asistido, en atención a que expresamente se señala en la nueva versión que la medida será impugnable según las reglas del procedimiento de medidas de protección ya mencionado.

Se anunció para alegar, en representación del Consejo de Defensa del Estado, la Abogada Jacqueline Espinoza Ortiz.

La gestión pendiente incide en autos sobre juicio especial hipotecario, seguido ante el Vigesimosegundo Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, tramitado ante la Corte de la misma ciudad, por recurso de apelación, en actual conocimiento de la Corte Suprema, por recurso de casación en el fondo.

Recurso perdió oportunidad por la desaparición del hecho que lo motiva.

La Corte sólo declaró admisible la protección respecto al Ministro de Hacienda.

El requirente estima que la disposición impugnada, vulnera el principio de proporcionalidad de las sanciones y el debido proceso.

Ante la duda de que la participación ciudadana pueda verse mermada por el coronavirus.

El ente contralor adujo que atendido el tiempo transcurrido desde que la sentencia quedó firme y ejecutoriada, esa entidad edilicia, a la referida fecha de ingreso del funcionario en cuestión, no tenía que hacer efectiva la medida accesoria de suspensión de cargos públicos.

La Universidad requirente estima que la disposición impugnada atenta contra el principio de legalidad y de proporcionalidad de las multas.