No se cumplen los objetivos de celeridad y efectividad en la tutela efectiva de los derechos contemplada por el legislador mediante la prohibición de la institución del abandono del procedimiento.
Si bien al momento de contratar el seguro, el actor contaba con exámenes que indicaban el hallazgo de una anomalía arterial, carecía de un diagnóstico, y por ende, no le era exigible su declaración.
La autoridad desconoció la aplicación de los principios de inexcusabilidad y coordinación, en circunstancias en que eran especialmente exigibles al ser menores de edad los solicitantes.
Al no proporcionar tal formulario a los actores, la recurrida incurrió en un acto ilegal, pues condicionó el inicio de aquel procedimiento a un trámite no establecido por la ley.
Se solicitó la liquidación forzosa de una inmobiliaria, por una presunta deuda de casi 100 millones de pesos.
La orientación sexual de la demandante y su relación con otra mujer habían estado en el centro de la deliberación en todas las fases del procedimiento judicial.
Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
El incumplimiento de normas migratorias no constituye un delito, por lo que ninguna persona puede ser sometida a sanciones penales por su condición de movilidad humana.
Contraviene el debido proceso, al negar el derecho al recurso.
La iniciativa se enmarca en la denuncia conocida recientemente, respecto a que un candidato presidencial tendría deudas en el pago de pensión alimenticia.
