La instancia respaldó en forma unánime el proyecto que busca modificar la estructura tarifaria y modernizar la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Se reconocería la posibilidad de detener y juzgar a una persona, solo en virtud de su pasado, o por la forma de ser o conducir su vida (derecho penal de autor), y no en virtud de sus actos, situación que es contraria al inciso 2 del artículo 29 de la Constitución.
El órgano contralor indicó que examen de competencias que se impugna fue rendido ante una comisión constituida profesionales de la secretaría regional ministerial de salud correspondiente.
La sentencia de la Corte de Santiago señaló en síntesis que, el actuar de la Isapre recurrida es ilegal.
El ente contralor indicó que tal medida no se ajusta a derecho, ya que para la determinación del atraso sancionado el servicio consideró la demora incurrida por Sociedad Austral de Electricidad S.A en la ejecución de la partida pro forma «8.1 Traslado postes eléctricos existentes», la que sería inimputable a la contratista.
La recurrente estimó vulneradas las garantías establecidas en el artículo 19 numerales 3 inciso 5 y 24 de la Constitución Política de la República.
La recurrente estimó vulneradas las garantías establecidas en el artículo 19 numerales 2 y 3 inciso 5 de la Constitución Política de la República.
La gestión pendiente incide en autos de apelación de incidente, de que conoce la Corte de Copiapó.
La gestión pendiente incide en proceso penal seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por recurso de nulidad.
El máximo Tribunal indicó en su sentencia que la recurrida actuó dentro del ámbito de su competencia.
