Los requirentes estiman que la potestad sancionatoria de la autoridad en el caso concreto es excesiva y contraria a los principios de legalidad y proporcionalidad.
La Corte Suprema ordenó entregarle la suma de dinero que depositó en la cuenta de ahorro bipersonal de la que es cotitular.
La suma adeudada había sido retenida por la Tesorería General de la República en el año 2014, pero fue consignada en la cuenta del tribunal cinco años después.
Al omitir expresar las razones que sustentan la determinación, el actuar se torna arbitrario y amenaza el derecho de igualdad ante la ley del actor.
El requirente estima que se infringe su derecho a la igualdad ante la ley y el debido proceso.
La decisión de tener por desistida la solicitud del recurrente sin otorgarle un plazo prudente para completar la formalidad constituye un acto desprovisto de razonabilidad.
La ampliación del plazo no obedece a causas imputables al contratista, sino que fue dispuesta por la Administración, por lo que resulta procedente que se indemnicen los gastos adicionales.
Los requisitos deben cumplirse de manera copulativa.
No obstante, no procede que el Departamento de Extranjería y Migración la exija para la obtención de la visa temporaria.
La requirente estima que su aplicación en el caso concreto produce un desequilibrio injustificado entre las partes no tolerada por la Constitución.
