El demandante alegó que no procedía el abandono del procedimiento por encontrarse suspendido el término probatorio en virtud del derogado artículo 6° de la Ley 21.226, sin embargo, el Tribunal señaló que, por no notificar a todas las partes, nunca se llegó a esa etapa procesal.

Pero el Gobierno Regional Metropolitano como otorgante de tales caudales y las respectivas municipales como sus receptoras, deben adoptar las acciones tendientes a la protección de la respectiva iniciativa a través de las vías jurídicas que correspondan con el fin de velar por la utilización de tales caminos por toda la comunidad.

Cuando un trabajador ve disminuida su capacidad laboral debido a su estado de salud, aquel tiene, en principio, el derecho a conservar su puesto de trabajo o a ser reubicado de manera compatible con sus condiciones. Sin embargo, de no ser posible dicha reubicación, el empleador debe solicitarle al Ministerio del Trabajo la autorización para el despido.

El error en el que incurrió el oferente demandante no puede ser considerado de carácter formal, pues se trataba de un aspecto esencial de su propuesta que incidía en la oferta económica presentada, por lo que no podía ser intervenido, ni menos aún, alterado, ni cambiado.

El artículo 28 de la Ley de Transparencia sólo faculta al tercero afectado con la entrega de información a accionar por la vía de la reclamación, descartando en este caso la legitimidad activa de la Subsecretaría de Pesca, puesto que la afectada directa sería la Fundación.

La tarde del martes 23 de agosto en Talcahuano, en la región del Bío Bío, un adulto mayor fue asaltado luego de haber retirado su pensión y un bono. Resultó herido con diversas lesiones y cortes en una de sus manos.

En el conteo de votos dados a conocer este 11 de octubre, Chile obtuvo 144 votos, Costa Rica 134, mientras que Venezuela solamente logró reunir 88 votos a su favor.

Si bien cada país tiene particularidades propias, CEJA identifica tendencias regionales que se expresan en desafíos comunes.

El Tribunal concluyó que en este caso. «i) no se produjeron vicios de procedimiento en la tramitación de la denuncia; ii) la resolución reclamada fundamenta debidamente la decisión de archivo de la denuncia por no configurarse las tipologías de ingreso al SEIA de los literales g) y p) del artículo 10 de la Ley N° 19.300; y iii) la SMA no cometió ilegalidad alguna al omitir el trámite de consulta al SEA, ya que en este caso no era procedente”.

El texto busca resolver el problema del actual déficit de financiamiento con el fin de asegurar el funcionamiento del Fondo de Apoyo Regional y las operaciones del sistema metropolitano.