Recurso de protección interpuesto por AGPP Abogados se enmarca en situación vivida por un Teniente Coronel de la planta de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería de Chile, a quien luego de denunciar apremios ilegítimos por parte de un funcionario contra un interno se le prohibió ingresar al Centro Penitenciario Bío Bío donde cumplía labores como Jefe de Régimen interno.

No se divisa que la incomparecencia de la Fiscalía en el proceso penal sea una medida desproporcionada. Dándose un hecho tan excepcional y grave, ha tenido lugar la situación descrita en la disposición legal cuestionada constitucionalmente y, por consiguiente, la Corte Suprema ha procedido a aplicarla, sin que aquello implique una transgresión a la igualdad ante la ley, porque, además, no se puede preterir que el fundamento constitucional de aquella está en el artículo 21 del Código Político.

Existen razones de interés nacional para no tolerar y sancionar drásticamente el consumo de drogas al interior de Carabineros, no dejando espacios a interpretaciones que pudieran relajar el cumplimiento de la Ley 20.000 y de las instrucciones impartidas por la autoridad institucional, normativa que está en conocimiento de todo el personal y que es objeto de constantes fiscalizaciones, entre ellas, exámenes de orina sorpresas, como ocurrió en este caso, refiere el voto en contra.

La sanción que arriesga el acusado se encuentra en el margen de los 10 años, por consiguiente, existe peligro de fuga a su respecto y, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N°20.084, resulta ser la norma supletoria que debe aplicarse en este caso, respecto de la medida cautelar de internación provisoria que necesariamente debe ser anticipada, refiere el voto en contra.

Se encuentra claramente involucrado el derecho a la verdad biológica, es decir, a que se construya la identidad sobre la base de la certeza acerca de los lazos biológicos o “de sangre”, aparte de la obvia derivación de que ello conlleva a una modificación en el vínculo jurídico de filiación. Es un derecho reconocido por normas de jerarquía constitucional y por diversos instrumentos internacionales.

Se vulnera el derecho de propiedad del recurrente sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución.

Aun cuando se eliminen los antecedentes penales ello no implica que los jueces estén obligados a reconocer la irreprochable conducta anterior, resuelve Corte de Copiapó.

La prueba de detective, por el hecho de no probar el empresario, sospechas fundadas que le llevan a su contratación, no incurre en infracción alguna, ni de la ley de seguridad privada ni de ningún derecho fundamental de la trabajadora. Su legitimidad viene dada por su condición de empresario o por ser el demandado en un pleito, al concurrir en tales casos el interés legítimo que exige la ley de seguridad privada.

Los tribunales turcos simplemente equipararon el uso de ByLock con ser miembro, consciente y voluntariamente, de una organización terrorista armada, independientemente del contenido de los mensajes o de la identidad de las personas con las que se habían realizado los intercambios. Los tribunales tampoco establecieron debidamente que se hubieran cumplido todos los requisitos del delito. Una interpretación tan amplia de la ley crea una presunción de culpabilidad casi automática.

A diferencia del ilícito civil, en el ilícito penal de la estafa el sujeto activo sabe desde el mismo momento de la perfección del contrato, que no podrá o no querrá cumplimentar la contraprestación que le corresponde en compensación del valor o cosa recibidos, y que se enriquecerá con ellos.