A propósito de la consulta efectuada a la Dirección del Trabajo sobre si los permisos de residencia habilitan a un extranjero desarrollar en Chile actividades remuneradas de forma telemática a empresas de otro país.

Las relaciones internacionales dentro de lo que hace parte la política de nombramiento de las personas en comisión, no son susceptibles de conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa, salvo cuando se trate de un reclamo de daños y perjuicios, que convertiría el asunto en uno civil de hacienda, que no es el caso.

Las Administradoras de Pensiones deben remitir los remanentes que queden producto de los retiros del 10% de las cuentas de cotización individual.

No se vislumbra una afectación a la garantía prevista en el artículo 19 N°21 de la Constitución. Además, el ordenamiento jurídico establece otras instancias –jurisdiccionales y proteccionales- para discutir estos asuntos.

El Presidente de la República estará obligado en esta eventualidad a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado de emergencia cada quince días mediante un informe escrito dirigido a ambas Cámaras.

Los gobiernos regionales, las municipalidades y los servicios de vivienda y urbanización respectivos podrán designar, por una sola vez, a una persona que actuará provisionalmente como administrador. Debe ser un mayor de edad y no es necesario que esté inscrito en el Registro Nacional de Administradores de Condominios.

En la audiencia técnica sobre libertad de expresión organizada por la Corte Constitucional, a propósito de este caso y en cuyo desarrollo participó una representante de Facebook en Colombia, la actriz Esperanza Gómez dijo que la decisión de eliminar su cuenta de Instagram se basó en que supuestamente habría promocionado servicios sexuales para adultos, lo que infringió las normas comunitarias de la red social.

Al tratarse de una controversia de índole contractual excede los contornos de esta acción constitucional.

Esta situación se origina medularmente en base a la verdadera indeterminación jurídica en que, desde sus orígenes, se encuentra la referida CONAF.

La recurrente redujo sustancialmente el monto indemnizatorio, al acreditar que los jueces de fondo no pudieron relacionar correctamente los hechos asentados con la infracción contenida en la letra c) del artículo 4 de la Ley N°20.169, esto es, causar descredito, mala fama, o mentir respecto de la reputación de la empresa demandante.