Sin embargo, el ente contralor indicó que dicha subrogancia no puede ser asumida por personal del Servicio de Cooperación Técnica.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia apelada, siendo acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Sergio Pierry, quien estuvo por revocar la sentencia y rechazar el recurso en virtud de sus propias consideraciones.
Tras fiscalizar y constatar cuatro incumplimientos en el permiso ambiental del proyecto «Obras de Protección Costera para el Fuerte Corral y Plaza de Armas» de la misma comuna.
La propia Ley de Transparencia permite la exclusión de la entrega de información, ejerciendo el derecho de oposición por motivo fundado de cada particular. Por esta razón, NIC Chile se encuentra en proceso de preguntar, a través del correo electrónico del contacto administrativo del titular, si desea excluir su propio nombre de dominio en el listado que deberá entregar.
Marcado por las bajas cifras de desarrollo y con la palabra «incertidumbre» en gran parte de las intervenciones, el ente emisor proyecta un crecimiento de 1% para el presente año y de entre 0,5% y 1,5% para el 2020.
Entre las propuestas presentadas en las cuentas de las sesiones de la presente semana también se abordan modificaciones al Código del Trabajo y a la Ley General de Servicios Eléctricos.
A la sesión se encuentran citados los ministros de Hacienda, de Economía y de Trabajo, para que expliquen las medidas que el Gobierno está adoptando para ayudar a este sector económico.
El Tribunal de alzada condenó a Antonio Benedicto Quirós Reyes, Juan Francisco Saavedra Loyola, Daniel Luis Gimpert Corvalán, Manuel Agustín Muñoz Gamboa, Raúl Horacio González Fernández, Juan Atilio Aravena Hurtuvia, Ernesto Arturo Lobos Gálvez y Miguel Arturo Estay Reyno a penas de 10 años y un día de presidio, como autores de delito.
El Tribunal de alzada rechazó, con costas, el recurso de queja deducido en representación de la empresa Pedidos Ya S.A.
El Tribunal de alzada revocó la sentencia impugnada y, en su lugar, dio lugar en todas sus partes a la demanda deducida por el Consejo de Defensa del Estado, condenando a la demandada al pago de $5.145.478.
