Se erige como un instrumento con una finalidad precisa y determinada fijar los hechos que el empleador debe acreditar en sede judicial, sin perjuicio que el trabajador también tiene la carga probatoria para refutarlos.

Si bien el artículo 171 del Código Sanitario posee una redacción restringida al aludir a «infracción a las leyes o reglamentos»-, se debe atender al fin último de la regulación, fiscalización y eventual sanción sanitaria, esto es, a la protección de la salubridad pública y, a través de ella, la vida e integridad física de las personas.

El máximo Tribunal declaró inadmisibles los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió la demanda.

La acción fue presentada por la Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica» (Abradee) bajo el argumento de que la competencia para legislar sobre energía eléctrica pertenece al Estado Federal, que también es responsable de planificar y promover la defensa permanente contra las calamidades públicas.

Proyecto ingresado busca que los profesionales de la salud puedan recibir elementos de protección personal.

El objetivo principal del proyecto ingresado es proteger a la víctima denunciante.

Un juez de la Corte Suprema de Chipre habría fallado en la causa sin informar la relación.

Al respecto, la Magistratura constitucional colombiana adujo que la eventual publicidad que se lograría con el reporte previsto en la norma demandada se cumple también y, más adecuadamente, con el Registro Nacional de Medidas Correctivas.

El Tribunal Supremo de España considera válida como prueba la grabación con cámara oculta por un programa de televisión.

El 58% de los ciudadanos europeos dice haber sufrido dificultades financieras desde el principio de la crisis.