Por utilizar únicamente la vía del derecho penal, el demandante se había privado de la posibilidad de obtener una reparación a través de los procedimientos civiles disponibles para él. De este modo, limitó el alcance del examen de los tribunales nacionales, que sólo pudieron pronunciarse sobre la falta de gravedad de la supuesta infracción a los efectos del derecho penal.

La moción de un grupo de senadores y senadoras recibió el respaldo de los legisladores, quienes analizaron las estadísticas de cáncer en la población nacional. La idea es multiplicar estos test, de manera de entregar los tratamientos necesarios a quienes los requieran.

El tribunal acogió la solicitud del ente persecutor y aumentó en 120 días el plazo de investigación, manteniéndose sujeto a la medida cautelar de arraigo comunal a Huala Canumán y Villarroel Rojas, y con arresto domiciliario total los demás imputados en la causa.

El máximo Tribunal estableció error de derecho en la sentencia que rechazó la demanda.

El máximo Tribunal dejó sin efecto la resolución del Segundo Tribunal Ambiental, que rechazó la reclamación y que dio luz verde al proyecto que se emplaza en la cuenca del humedal Topocalma, declarado sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.

La Municipalidad de Santiago solicita al Tribunal que acoja la reclamación, dejando sin efecto la decisión del SEA, para que el Comité de Ministros y el Director Ejecutivo del SEA, revisen su recurso administrativo y se pronuncien respecto de las alegaciones de fondo que realizó en contra del proyecto de Metro.

El Tribunal de alzada condenó en costas a los demandados tras establecer que comparten responsabilidad por las graves lesiones que sufrió la demandante y que le provocaron una incapacitad laboral del 50%.

La requirente estima que la exclusión de ciertos requisitos que debe contener la sentencia definitiva es un acto discriminatorio en su contra.

Gendarmería no ha dado cumplimiento a su deber de garante del derecho a la integridad personal de las internas privadas de libertad.

Los gastos en que incurre quien sufre un ilícito no necesitan de una acabada prueba documental. Se presume que quien ha sufrido lesiones que requirieron tratamiento médico debe realizar gastos extraordinarios en concepto de medicamentos, sin que obste a tal solución que el afectado haya sido atendido en hospitales públicos o privados, ya que también en estos supuestos debe afrontar ciertos pagos.