Desde la perspectiva legal, el procedimiento contra Tsunami Democràtic se inició a finales de 2019, identificando a la estructura y financiación del movimiento como ejes centrales de la investigación. La Guardia Civil ha implicado a figuras prominentes de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), incluida su secretaria general, Marta Rovira, actualmente en Suiza, en el liderazgo de dicho movimiento.

La Primera Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida al vulnerar el derecho a la propia imagen de la niña. 

La requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que se le impide hacer valer sus observaciones a la ejecución de la sentencia dictada por el tribunal de cuentas, a fin de que sea el tribunal de justicia el que analice y determine la efectividad de los cuestionamientos planteados con relación al título y su ejecutoriedad.

La sustitución de las penas privativas y restrictivas de libertad por alguna de aquellas a que se refiere la Ley 18.216, no hace desaparecer la primera, sino que tan solo reemplaza su forma de cumplimiento, mutando desde la privación o restricción de libertad hacia un cumplimiento en el medio libre.

El Tribunal tomó en consideración la explicación proporcionada por la letrada respecto al origen de las referencias ficticias, así como su sincera expresión de arrepentimiento. Sin embargo, concluyó que, a pesar de estos aspectos atenuantes, la imposición de la sanción era necesaria debido a su falta de diligencia en verificar la exactitud de la información.

La requirente alega que la norma legal objetada infringe el debido proceso, al facultar a la adjudicataria de la propiedad solicitar al juez de la subasta que ordene el lanzamiento de sus ocupantes, cuando debiera iniciar un juicio declarativo ejerciendo una acción real, donde podrá ejercer su derecho a defensa.

El respaldo a esta legislación fue argumentado por el Ministro Federal de Salud, Karl Lauterbach, quien destacó los fracasos de las políticas de prohibición anteriores, que llevaron a un aumento del consumo entre los jóvenes y la proliferación del mercado negro. Lauterbach hizo hincapié en la importancia de enfocarse en la educación y en la eliminación del mercado negro como estrategias más efectivas.

Se permite justificar el reconocimiento de una indemnización por este concepto, por las molestias que exceden un mero incumplimiento contractual, a partir de la confianza que como consumidor se deposita en los beneficios ofrecidos por la empresa fabricante y distribuidora del producto, advirtiéndose claramente una modificación disvaliosa en su espíritu que torna viable la reparación del daño moral.

El hombre era condenado a 12 años y cuatro meses de prisión «en concepto de autor de dos delitos continuados de pornografía infantil agravado».

La Segunda Sala del máximo tribunal descartó error en la sentencia que rechazó la excepción de cosa juzgada y que condenó a los ex agentes del Estado Aquiles Mauricio González Cortés, Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla y Roberto Urbano Schmied Zanzi a 17 años de presidio, en calidad de autores de los delitos.