El uso de un medio social, como Facebook o WhatsApp para denostar a una persona constituye una vulneración a las garantías constitucionales aseguradas en los numerales 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución.
El respeto de la presunción de inocencia implica darle tratamiento de tal al denunciado, incluyendo su no exposición como responsable de un ilícito cuya investigación recién se encuentra en proceso ante la entidad persecutora penal de rigor.
Sin esa solemnidad, el título no reúne los requisitos del artículo 1962 del Código Civil, por lo que no le es oponible al demandante y actual dueño del inmueble reclamado.
Incumplió el plazo legal de 5 días hábiles en que debió proceder a cancelar las operaciones o reembolsar hasta 35 UF los cargos pagados por el cliente contados desde que recibió el reclamo.
Los efectos de las leyes rigen desde su promulgación y publicación, salvo excepciones que expresamente indiquen su retroactividad.
La progenitora no invoca ni, mucho menos, acredita situación concreta alguna que avale sus temores. Máxime si tal oposición resulta contradictoria con la postura que asumiera anteriormente, incurriendo así en forma manifiesta en la violación de la doctrina de los actos propios.
La pretensión del actor no encuentra en el recurso, por su naturaleza cautelar, la vía idónea para hacer valer su disconformidad o impugnación con un procedimiento y decisión disciplinaria aplicada en el seno de la organización a que pertenece, cuyos Estatutos y vías de reclamación no puede desconocer.
El Tribunal determinó que la empresa denunciada cumplió con los protocolos de seguridad, ya que los guardias acudieron rápidamente a separar a los involucrados, evitando así un conflicto mayor.
No existe norma de rango legal que determine la contratación exclusiva con una empresa específica. Debe entenderse tácitamente derogado el artículo 47 del Decreto N°5, de 1992, al igual que todas aquellas normas que establecían la obligación de rendir caución en el ex ISE. Dicha entidad se encuentra legalmente extinguida en razón del artículo 3 de la Ley 18.679 y el Decreto N° 308 de 1988.
En atención a la naturaleza de los cargos de exclusiva confianza, los funcionarios de tal calidad, se mantienen en sus cargos sólo mientras cuenten con ella, dependiendo su remoción de la voluntad de la autoridad administrativa.
