La aplicación de la jurisprudencia no debe interpretarse como una imposición de esta Corte, sino como la aplicación de la función Constitucional de unificar la interpretación del derecho que le corresponde a cada órgano jurisdiccional, así como también en aras de preservar la vigencia de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima en las decisiones de los jueces e igualdad en el acceso a la administración de justicia para la solución de los conflictos.

El Tribunal de alzada descartó que la entrega de los datos afecte derechos de terceros.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que confirmó la de primera instancia que rechazó la demanda.

La determinación adoptada por el tribunal en el marco de la dictación de una medida provisional procedimental adoptada por el organismo fiscalizador se fundamenta en la necesidad de evitar un daño o riesgo a la salud de las personas por las reiteradas infracciones de los locales.

Los primeros demandaron ante tribunales y obtuvieron sentencias favorables en contra de las municipalidades en donde se desempeñaban. Sin embargo, en el supuesto que los recurrentes obtengan fallos a su favor –y tengan un título ejecutivo que reconozca sus derechos- la resolución de la Corte IDH también surtiría efectos respecto de ellos.

El máximo Tribunal estableció que la parte demandada ocupa legítimamente el inmueble en litigio.

El máximo Tribunal estableció error de derecho al acoger la excepción de prescripción y la responsabilidad de la SVS al no cotejar la existencia de los títulos en custodia, declarados por la fallida corredora de bolsa Raimundo Serrano Mc Auliffe.

A pesar de los negativos informes previos en cuanto a la seguridad y prontitud de respuesta de los servicios de emergencia, la Intendencia Regional autorizó la marcha sin ser capaz de asegurar la integridad física de los asistentes ni de terceros externos a la manifestación, de la cual se siguieron una serie de desmanes, entre ellos, el siniestro que produjo el deceso de la víctima.

De acuerdo a la Constitución y la ley orgánica respectiva, el abogado José Morales Opazo necesita del voto de los dos tercios del Senado para ser ratificado en el cargo.

Se concluyó que el proyecto fue correctamente evaluado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).