La iniciativa, que comenzó a ser estudiada en la Comisión de Constitución del Senado, moderniza el sistema que ha regido en nuestro país por más de 150 años y contempla la «desnotarización» de una serie de trámites legales.
Con anterioridad, la Magistratura Constitucional acogió requerimientos deducidos por parlamentarios oficialistas y declaró inconstitucionales algunas normas contenidas en el proyecto que fueron eliminadas de su texto.
Las autoridades no tienen la obligación legal de requerir el auxilio de la fuerza pública para que el recurrente pueda recuperar su inmueble, pues se trata de una propiedad privada y no un bien de uso público ni fiscal.
Acreditada la infracción, la culpa atribuible al chofer y, por ende, su responsabilidad, es inmutable para el Fisco de Chile, debiendo también responder por el mismo hecho ilícito en su condición de propietario.
La ley que estatuye un procedimiento concursal de carácter general deja a salvo aquellas normativas especiales, como es la que instituye el crédito destinado a financiar estudios de educación superior.
El precepto legal impugnado no resultará decisivo en la resolución del asunto.
La solicitud de restitución se funda en el artículo 2180 Nº2 del Código Civil, pues existe una necesidad imperiosa y urgente del inmueble para establecer una segunda vía de evacuación de un colegio.
Debe primar el principio in dubio pro recurso, máxima según la cual, ante la existencia de un dilema sobre la concesión, tramitación o decisión de cualquier medio de impugnación, debe preferirse la interpretación que mejor convenga a la eficacia del recurso.
No existe un actuar ilegal o arbitrario por la recurrida, la cual se ha limitado simplemente a cumplir el mandato que le confiere el Reglamento de Copropiedad.
No existe gestión judicial pendiente.
