Al demandar ejecutivamente el acreedor manifestó su voluntad de cobrar el total de lo adeudado, por lo que al prescribir la acción cambiaria, ésta opera respecto del total de la deuda y no sobre parcialidades.
El derecho al trabajo y a la educación no son afectados cuando la idoneidad de los postulantes, a cargos de interés público, está determinada por requisitos de alto estándar que comprueban sus habilidades y destrezas.
La iniciativa legal busca autorizar la toma de examen PCR, en el contexto del programa de Búsqueda de Casos Activos de Covid-19, desde los 14 años de edad, sin consentimiento de sus padres o quienes ostenten la patria potestad.
Empresa acusó que de forma repentina el municipio de Curarrehue le comunicó el cobro de más de 200 millones de pesos por patentes que estaban impagas desde el año 2000.
Durante el examen de las objeciones preliminares presentadas por Myanmar, se estimó que la Corte posee jurisdicción sobre la base del artículo IX de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
La iniciativa volvió a la Comisión de Salud de la Cámara para que emita un segundo informe, a raíz de una indicación presentada por la Diputada María Luisa Cordero, que busca ampliar dicho día también a la esclerosis lateral amiotrófica y a otras enfermedades desmielinizantes.
En el caso que la propuesta de nueva Constitución sea rechazada en el plebiscito de salida, el plazo de inhabilidad para ser candidatos a cargos de elección popular de los ex convencionales será hasta por cinco años.
El Tribunal de alzda confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia.
La asesora de Piñera, Magdalena Díaz, se quejó con el empresario que reside en Estados Unidos que “su canal se fue a la izquierda” y que “el daño que se le hace a la democracia con esta línea editorial es complicado pues genera divisiones en el país”. Ángel González le contestó que lamentaba las repercusiones por la entrevista al ‘comandante Ramiro’, pero que era parte del ejercicio del periodismo y de libre expresión.
El tribunal de alzada estimó que la presunción judicial hecha por el juez a quo se hizo en base a indicios que no revestían el carácter de graves, precisos y concordantes, como exige el artículo 1712 del Código Civil.
