El Juzgado de lo Social número 1 de Cáceres condenó, además, a indemnizar a la trabajadora por vulneración de derecho fundamental con la suma de 6.250 euros.
El recurrente arguye que no corresponde la impugnación deducida, dado que la resolución es inapelable, en tanto la naturaleza de ésta es la de un decreto, providencia o proveído.
El actor se desempeñaba como cobrador de estacionamiento de vehículos en las calles de la comuna de Llay-Llay.
La demandada fundó el despido en las causales previstas en el artículo 160 N°6 y N°7 del Código del Trabajo.
El proyecto contempla la creación de una ley autónoma de 6 artículos que tiene por fin establecer una definición de empresas de plataforma digitales de servicios y de persona que presta servicios.
La sentencia acogió parte de las reclamaciones interpuestas por indebida consideración de las observaciones ciudadanas.
Piden al Presidente de la República que mandate a los ministros del Trabajo y de Relaciones Exteriores, para que realicen las gestiones que permitan que Chile pueda ratificar el Convenio N°190 y adoptar la Recomendación N°206 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Eliminación de la Violación y Acoso en el Mundo del Trabajo.
Incurriendo así en una actuación que resulta contraria a derecho, toda vez que han ejercido un acto propio de autotutela, proscrito por nuestro ordenamiento, constituyéndose en una suerte de comisión especial.
El tribunal tuvo por tácitamente aceptados los hechos contenidos en la demanda.
Vulneró los derechos que la Convención sobre los Derechos de Niño asegura a los menores.
