La infracción atribuida al actor no es de una entidad tal que justifique su despido.
La causa que provoca su aplicación -no pago de las cotizaciones previsionales- se originó en el ámbito que debe controlar el mandante.
El fallo señala que la aplicación del precepto legal cuestionado al caso concreto provocará el efecto ineludible de restringir las excepciones que pueden ser interpuestas por los demandados.
La recurrente estimó vulneradas las garantías del artículo 19 numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República.
El Tribunal de alzada señala que es preciso dilucidar si el error en el año del contrato, individualizado en la carta de despido, importa para el trabajador una falta de certeza acerca de la causa de su separación de la fuente laboral.
Las gestiones pendientes inciden en procesos penales, seguido ante diferentes Tribunales de Juicio Oral en lo Penal.
Si la recurrida decidió poner término al vínculo con la actora, debió haber invocado alguna de las causales de expiración taxativamente previstas en el artículo 48 de la Ley N° 19.378.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de protección, seguido ante la Corte de Santiago.
El máximo Tribunal señaló que, apareció de manifiesto que la sentencia impugnada incurrió en error de derecho.
Se adoptó acuerdo en la causa, quedando en estado de sentencia, designándose como redactores al Ministro Letelier y a la Ministra Silva.
