Parece lógico asentir en la existencia de un error de diagnóstico en el análisis de las muestras patológicas extraídas a la demandante, siquiera por haberlo así reconocido el propio laboratorio demandado. Error de diagnóstico que sí sirve para sustentar la acción de responsabilidad ejercitada cuando nos encontramos ante un error de notoria gravedad y con unas conclusiones absolutamente erróneas.

La justicia militar tiene un diseño constitucional específico y con una impronta funcional al mundo militar y a su ámbito de aplicación. El procedimiento penal militar tiene reconocimiento constitucional modalidad de justicia especial

Nuevos aportes fiscales aportes fiscales en beneficio de comunas de regiones mineras a fin de generar un impacto significativo sobre la salud de la población, y un aporte fiscal de 2.500.000 UTM a favor de aquellas comunas con menos ingresos propios a nivel nacional.

La creación de la Comisión no cumplió con el número mínimo exigido por la norma; esto es, con 35% del número legal de congresistas. Ello no quiere decir que el Congreso no tenga competencia para formar una comisión investigadora que aborde asuntos de interés público, más allá de que los resultados electorales permanecerán inalterables, al ser preclusivos y perentorios.

El máximo Tribunal revocó la sentencia del ministro instructor que inicialmente dio lugar a la extradición, al estimar que la acción penal se encuentra prescrita por transcurrir más de 10 años entre la comisión del hecho -en abril de 2012-, y la presentación de la solicitud de extradición de abril de 2023.

El acusado fue sorprendido saliendo del establecimiento con un horno y una caja de útiles escolares, sin ser capaz de explicar a los agentes por qué poseía tales especies. Pese a ello, intentó justificar que el delito no se consumó debido a que “los bienes fueron recuperados de inmediato por la víctima”, argumento desechado debido a la evidente violación de la esfera de resguardo.

El texto de la resolución llama a resolver con celeridad la situación de personas que han sufrido un retraso en sus tratamientos por la paralización que experimentaron las atenciones médicas producto de la crisis sanitaria.

La autoridad falló al aplicar de forma automática e irreflexiva la causal de finalización del esquema de seguridad al núcleo familiar del accionante tras su captura. El contexto generalizado de inseguridad que vienen padeciendo los desmovilizados de las antiguas FARC-EP y los antecedentes de violencia en su contra requerían de un análisis sopesado y riguroso antes de levantar el esquema de protección.

La solicitud pide una campaña informativa sobre los derechos y alternativas de las mujeres en caso de que un médico se niegue a realizar el procedimiento de ligadura de trompas por objeción de conciencia.

El derecho protegido por el artículo 6 de la Convención debía interpretarse a la luz de su Preámbulo, que declara el Estado de Derecho como patrimonio común de los Estados Contratantes. Uno de los aspectos fundamentales de este Estado es el principio de seguridad jurídica, que exige, en particular, que cuando los tribunales hayan resuelto definitivamente una cuestión, su decisión no debe ser cuestionada