La norma sobre el uso de mascarilla también contempla como excepciones que por su situación de discapacidad o dependencia la persona no disponga de autonomía para quitarse la mascarilla o bien presente alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

La intención es optimizar la recaudación fiscal. A la fecha, se han cursado 290 mil sumarios sanitarios en el contexto del COVID 19, 63 mil de los cuales han concluido en el cobro de multas.

Los militares obligaron a las víctimas a subir al camión castrense, ordenándoles a viva voz tenderse boca abajo, cargando con los pies los cuerpos de los jóvenes, a quienes trasladaron hasta un predio forestal, donde les ordenaron descender del camión y lanzarse al suelo. Posición en la cual los rociaron con un líquido, presumiblemente un acelerante, señalando uno de los soldados: “hay que quemarlos”.

La recurrida sostiene que la calificación de Transbank como empresa estratégica no es aplicable a procedimientos de negociación colectiva reglados iniciados con anterioridad a la publicación de dicha resolución.

Quien no cuente con Clave Única podría participar presencialmente o mediante un mecanismo que pueda garantizar la identidad del postor, sin embargo, el Auto Acordado, norma de rango menor que Ley, impide el ejercicio de este derecho al postor que no cuenta con dicha clave.

Se vulneró la integridad psíquica y física de la actora, a quién en forma injustificada la denunciada ha impedido el uso del camino que accede a su domicilio.

La pretensión de la recurrente dice relación con la regulación de eventuales visitas, materia propia de un juicio de lato conocimiento, lo que excede a la naturaleza cautelar y de urgencia del recurso intentado.

El derecho a la salud de las personas trans exige un cuidado apropiado y oportuno que reconozca sus identidades diversas y permita el acceso a las prestaciones necesarias para lograr su bienestar.

Infringe el derecho de propiedad, la igual repartición de las cargas públicas y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Las autoridades regionales no cuentan con facultades para ordenar el desalojo de un bien inmueble privado.