Sin perjuicio de la efectividad o no de los hechos, no son las redes sociales el lugar para imputar cargos.
Las publicaciones constituyen una exposición de hechos de interés comunitario, cuyo principal fin es informativo por el interés y trascendencia que el tema reviste para la colectividad, por lo tanto, no tienen la entidad de vulnerar el artículo 19 N°4 de la Constitución.
El ordenamiento jurídico ha establecido expresamente un procedimiento para conocer y resolver las denuncias por infracciones al Título IV de la Ley N° 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo.
Debe indemnizar el daño moral por ataques a la dignidad humana, que no es de carácter meramente simbólico, pues debe ser acorde con el relieve de los valores e intereses en juego, por lo que debe protegerse el derecho fundamental no como teórico e ideal, sino como un derecho real y efectivo.
La medida cuestionada por la amparada corresponde a una decisión adoptada conforme a derecho, particularmente por el Juzgado de Garantía.
Los contratos de trabajo celebrados al día siguiente del finiquito dan cuenta de la intención de ambas partes de seguir vinculadas, hecho que no puede ser desconocido por la empleadora al momento de la desvinculación para reducir la base de cálculo de la indemnización por años de servicio.
En virtud del efecto declarativo y retroactivo de la partición, se entiende que el bien adjudicado a la mujer una vez disuelta la sociedad conyugal, siempre fue de su dominio exclusivo, lo que descarta que tal adjudicación constituya la enajenación que exige el Código Civil para que haya objeto ilícito.
La demandada alegó que el deudor principal era solvente dado que era dueño de un bien raíz, sin embargo, la Corte descartó ese argumento, puesto que pesaban varias medidas precautorias sobre todos los bienes de aquel deudor, lo que denotaba la insolvencia de este.
A pesar de esto, precisa existe abundante jurisprudencia administrativa sobre la cláusula tácita y el beneficio de estacionamiento, por lo que insta al requirente a concurrir a la Inspección del Trabajo de Valparaíso para que fiscalice los hechos y la configuración de la cláusula.
Tanto en establecimientos públicos, particulares subvencionados y privados.
