El ente contralor adujo que corresponde al tribunal electoral regional respectivo, y no a esta Contraloría General, conocer y declarar las eventuales contravenciones al principio de probidad administrativa en que pudieran incurrir, tanto los alcaldes como los concejales.

Las acciones se ejercieron en contra del Servicio Agrícola y Ganadero.

Las sanciones prescritas en el artículo 188 de la Ley N°18.892 poseen un amplio margen de aplicación y permite establecer multas entre 50 a 3.000 UTM.

Los prestadores de salud no pueden exigir como garantía de pago por las prestaciones que reciba un paciente el otorgamiento de cheques o de dinero en efectivo.

El Vertedero Gorbea (unidad fiscalizable) inició su operación alrededor del año 1995, siendo utilizado en sus inicios con una modalidad de acopio de residuos sólidos domiciliarios en zanjas, las que se fueron cubriendo desde la parte anterior hasta el actual acceso del proyecto.

El Tribunal de alzada acogió con costas la acción cautelar, tras establecer el actuar ilegal y arbitrario del centro asistencial.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, con declaración que los miembros del Ejército en retiro Eduardo Adolfo Arriagada Rheren, Sergio Rosende Ollarzú, Joaquín Larraín Gana y Jaime Fuenzalida Bravo quedan condenados a 15 años y un día de presidio, en calidad de autores de los homicidios calificados y consumados.

El Tribunal de alzada ratificó en todas sus partes el fallo del Undécimo Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda por el retraso y suspensión de vuelos nacionales e internacionales de la aerolínea entre noviembre de 2017 y marzo de 2018, y le ordenó pagar indemnizaciones a los clientes afectados y una multa de 300 UTM.

El Tribunal estableció que la empresa no justificó la causal invocada para despedir al jefe de proyecto internet del centro asistencial privado.

El máximo Tribunal estableció la responsabilidad del Estado por el actuar deficiente y pasivo que tuvo el ente persecutor durante el plazo de investigación; la excesiva demora en la entrega del examen de ADN que resultó exculpatorio, y al solicitar audiencia para revocar la prisión preventiva, una vez que tuvo el informe en su poder.