El artículo 1° de la Ley N° 19.733, en su inciso final, reconoce expresamente a las personas el derecho a ser informadas sobre los hechos de interés general.
Si bien el juez tiene la facultad discrecional para decidir sobre la procedencia de las diligencias, dado que los actuales celulares no solo conservan el registro de llamadas sino también distinto tipo de comunicaciones privadas que en principio pueden encontrar tutela en el ámbito Constitucional, lo dispuesto en la instancia de origen puede causar un agravio a la parte de imposible reparación ulterior.
El medio de comunicación social vertió en dicha publicación el contenido de una querella deducida en contra de los actores y cuyos hechos son materia del proceso penal incoado.
El chofer del vehículo manejaba en estado de ebriedad, mientras que la dueña del vehículo es solidariamente responsable por los daños ocasionados al no poder acreditar que el auto fue utilizado en contra de su voluntad.
En aplicación del artículo 95 de la LOC de Municipalidades que extienden las inhabilidades e incompatibilidades de los Concejales a los miembros de los COSOC.
La iniciativa busca corregir falencias en la norma, que dejan a los chilenos en “inferioridad de condiciones” respecto de los inmigrantes.
Para considerar suficientemente justificada una absolución debería bastar con la expresión de la duda acerca de si los hechos ocurrieron como sostiene la acusación.
El recurrente tuvo un año de plazo para preparar a su testigo y prever la forma en que éste prestara declaración en juicio, por lo que no procede acusar infracción al debido proceso aduciendo que la plataforma zoom no permite un correcto examen del deponente.
Los recurrentes no pudieron acreditar que el abandono efectuado en una reunión de socios se produjo por actos de violencia en su contra, por ende, la remoción de sus cargos se ajustó a derecho y la judicatura de fondo no infringió las normas probatorias acusadas.
El tiempo de demora en la respuesta de las solicitudes de información, dificulta el trabajo para el levantamiento de antecedentes que aportan información para estudios de utilidad pública.
