El amparado considera vulnerado su derecho a la libertad individual.
El objetivo principal del proyecto ingresado es asegurar a la ciudadanía una participación real y concreta en el proceso legislativo.
El ente contralor sostuvo que, pronunciamientos emitidos por la Mesa de Trabajo Nacional de Derechos Humanos en VIH/SIDA e ITS, deben ser necesariamente considerados por el Ministerio de Salud, pero no le resultan vinculantes al momento de elaborar, ejecutar y evaluar políticas públicas sobre la materia.
La Magistratura constitucional española adujo que es inadmisible por falta de agotamiento de la vía judicial previa, dada su prematura interposición.
El Tribunal acogió el reclamo deducido por la empresa y anuló la resolución exenta dictada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana.
El máximo Tribunal ibérico aplicó la perspectiva de género en la interpretación y aplicación del artículo 208.1.b de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS).
El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que acogió la demanda.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por 9° Juzgado Civil de Santiago, que estableció la responsabilidad del demandado por las irregularidades que causaron perjuicios a la empresa y le ordenó restituir la suma de $26.385.978.
En la última sesión de la instancia, el Gobierno presentó una serie de indicaciones a la propuesta con el objetivo de resolver la mayor cantidad de materias, sin dejar en el reglamento todos los contenidos de detalles.
El Tribunal hizo lugar a la acción judicial deducida, tras establecer que la demandada incurrió en actos de acoso laboral, lesionando el derecho fundamental a la integridad síquica de la denunciante.
