La demanda original, presentada en 2022, alegaba que Google había conspirado con Apple para garantizar que su motor de búsqueda fuera el único preinstalado en los dispositivos de la marca iPhone, lo que, según los demandantes, limitaba la competencia y perjudicaba a los consumidores.
Dice que cayó cuando el vehículo frenó. En ese momento debía de estar sentado y no dio razón de por qué estaba de pie. Esta omisión de la diligencia debida, elevada al plano causal, es relevante en la génesis del daño. Como también lo es la conducción del vehículo sin probar que se hizo con toda la diligencia, que incluye comprobar que los ocupantes del vehículo están debidamente sentados en el momento de arrancar.
Los Gobiernos Regionales han contribuido en las últimas décadas al financiamiento de proyectos de electrificación rural y de sistemas de agua potable rural, los cuales no hubiesen sido posibles sin el apoyo de empresas de su territorio, o bien, sin inversiones inversión pública o privada.
Según la jurisprudencia aplicable, no todos los datos que reposan en las hojas de vida, la historia laboral, los expedientes pensionales y demás registros de personal están cobijados por la reserva, sino solamente aquellos que tocan con el ámbito privado e íntimo de las personas, que se ha considerado como datos sensibles.
En el contexto de estas discusiones sobre las reformas fiscales globales, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha iniciado un proceso para desarrollar una Convención Marco sobre Cooperación Internacional en Materia Fiscal.
El caso de Marin Sabau, el pistolero de Tarragona, ha generado debate tanto dentro como fuera de España.
La meritocracia sostiene que el éxito individual es el resultado directo del talento y el esfuerzo personal. En teoría, cualquier persona con suficiente dedicación puede alcanzar la cima. Sin embargo, esta visión simplista ignora las desigualdades inherentes en la distribución de oportunidades. Por ejemplo, en el mundo de la abogacía, los orígenes socioeconómicos juegan un papel crucial en el camino al éxito.
La propuesta de Programa de Cumplimiento (PDC), en el marco del procedimiento sancionatorio iniciado en abril de 2022, no cumplió con los criterios de integridad ni eficacia exigidos por la normativa aplicable.
El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso por estar mal formulado.
El tribunal estableció que la Isapre demandada incumplió las obligaciones legales y contractual al mantener instrumento derogado por el Tribunal Constitucional.
