El fallo afirma que que luego del accidente el acusado continuó su marcha, dejando el cuerpo tendido sobre la calzada sin prestarle auxilio ni dar cuenta de lo ocurrido a la autoridad.
Como diligencia pendiente se encuentra el peritaje caligráfico del certificado de defunción, en cuanto consigna una causa de muerte inexistente, cual es, la “caquexia cancerosa”, en circunstancias que las pericias efectuadas por el panel de expertos, la descartan.
La declaración de quiebra de BSA en 2020, en medio de una ola de demandas por abuso sexual, ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de abordar los problemas de responsabilidad y compensación para las víctimas. Sin embargo, la aprobación del acuerdo por parte de un juez de quiebras en 2022 y su confirmación por un tribunal federal en 2023 no han resuelto las disputas legales entre las partes.
Según el ente persecutor, en horas de la mañana del 18 de febrero de 2024, debido a problemas afectivos, la imputada se dirigió a su domicilio, una mediagua de material ligero, cercano al cementerio de Traiguén. Lugar donde procedió a prenderle fuego a una frazada, provocando un incendio que consumió la totalidad del inmueble, se propagó por una ladera del cerro Chumay y afectó más de 50 hectáreas de pastizales.
La trabajadora transmitía que el proceso se estaba complicando y que se iba a prolongar más de lo que inicialmente hubiera podido parecer (al final duró 286 días) pero en ningún momento fue evidente la concurrencia de una afectación física que supondría la permanente limitación y desigualdad en el desempeño profesional antes aludidos.
Si usted quiere ir a la playa con fines turísticos o de pesca, y no existen vías o caminos públicos para poder llegar a ella, los dueños de los terrenos deben facilitar su acceso de forma gratuita. Tal derecho está amparado en el artículo 13 de la Decreto Ley N° 1.939, de 1977.
La Segunda Sala del tribunal de alzada descartó el actuar ilegal o arbitrario del municipio al proceder al mantenimiento de las especies arbóreas plantadas en la vía pública.
La Sexta Sala del tribunal de alzada estableció el actuar ilegal y arbitrario de la asociación gremial al expulsar al profesional con vulneración de las garantías procesales de un debido proceso.
Según explicó la magistrada del Juzgado de Garantía, el auto de apertura de la causa será remitido al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad, instancia que debería fijar la fecha del juicio oral dentro de los próximos 60 días.
En la resolución, las y los diputados plantean que esta medida busca evitar fenómenos como las filas interminables o pasar la noche fuera del establecimiento educacional.
