Los recurrentes estimaron vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 numerales 1, 2, 8 y 24.
Tribunal indicó que los hechos denunciados no revisten la gravedad denunciada por el demandante.
Tribunal de alzada indicó que las normas de protección a los derechos fundamentales de los trabajadores se aplican a todas las personas, en aplicación de la protección constitucional de tales garantías.
En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 84 de la LOCTC, toda vez que en el requerimiento impetrado no existe una gestión judicial pendiente en tramitación.
Tribunal de alzada indicó que no es posible aplicar supletoriamente las normas del código del trabajo a funcionarios sujetos al estatuto docente.
Lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 205 del Código Procesal Penal tiene carácter de subsidiario.
Deberán adoptar las medidas necesarias para prevenir, mitigar efectivamente y en lo posible eliminar el fenómeno contaminante.
Concluir la titularidad del crédito universitario por la universidad demandada, prosigue la sentencia, no se ve desvirtuada por la circunstancia de existir regulaciones administrativas en el uso de los fondos y la gestión del mismo, pues tales controles se explican únicamente en la finalidad del crédito y el origen estatal de los recursos.
Razona la Corte que no yerra la sentencia impugnada al rechazar la excepción de incompetencia absoluta pues el procedimiento de tutela laboral se aplica respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas de dicho ámbito, que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores.
La sentencia indica que el procedimiento de cobro de obligaciones tributarias es un procedimiento mixto, contencioso administrativo y jurisdiccional, que se tramita conforme a las reglas establecidas en el Título V del Libro Tercero del Código Tributario que regula el «cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero».
