La extensión rige aun después del término de la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, declarado por el Decreto Supremo N°104 de marzo de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

El proyecto, que pasó a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, tiene por objeto solucionar el malestar generado por los atochamientos vehiculares en las plazas de peajes.

Tal sistema registral obedece a normas propias del gobierno eclesiástico.

El requirente alega que la autoridad ambiental tomó una determinación carente de razón sin que haya podido presentarse oposición alguna, afectando gravemente su patrimonio.

La recurrente sostiene que su vida peligra si su hijo no continúa con controles cercanos con su psiquiatra y psicólogo tratante, con los medicamentos indicados y la supervisión directa de la prevención del suicidio.

El recurso busca la paralización de las obras que realiza la recurrida en el sitio colindante, con el objeto de evitar que se continúe destruyendo el cerco medianero.

En la especie, la recurrida desestimó la solicitud de reconsideración del traslado, sin referirse a los informes que dan cuenta del trastorno de ansiedad por separación que sufre la hija del matrimonio recurrente.

Por ende, si las inscripciones no se efectuaron y fallece el cesionario, el mandato se extingue y éstas no pueden realizarse con posterioridad.

Los recurrentes acusan falta de celeridad en la resolución de sus solicitudes de permanencia definitiva, las que llevan 2 años sin ser otorgadas.

El recurrente entregó la información solicitada por la autoridad educacional y, aunque no lo fue en los términos reglados en el artículo 79, letra a), de la ley N°20.529, hace pertinente y proporcional aplicar como única sanción la de amonestación.