El máximo Tribunal estableció la absoluta inocencia del trabajador, quien fue injustamente condenado y ejecutado con antecedentes obtenidos bajo tortura.
“Hemos sido testigos de una tremenda revolución institucional sobre la materia, que nos hizo transitar desde un escenario de leyes sectoriales fragmentarias o dispersas, a una institucionalidad ambiental con leyes y reglamentación precisa, y recubierta por la presencia de organismos administrativos y jurisdiccionales altamente especializados”, afirmó el Ministro Presidente de la Corte Suprema.
Ahora los legisladores mejorarán el articulado de la propuesta que también sanciona con presidio menor en su grado medio a máximo a todo aquel que conduzca un vehículo sin placa patente o con ella oculta.
El Servicio de Educación alegó que la sanción era injustificada, por cuanto recién estaba asumiendo la función de sostenedor y porque afirmaba haber aplicado el protocolo contra el maltrato escolar, lo que no era efectivo, ya que la aplicación aludida decía relación con un conflicto distinto del denunciado.
No se avizora un daño a la imagen del actor, ni tampoco se aprecia que se trate de comentarios difamatorios, injuriosos o calumniosos.
Uno de los recurridos alegó que la actora reclamaba erróneamente ese sitio saneado en virtud del DL 2.695, cuando el terreno siempre ha sido habitado por él y su familia.
La alta relevancia constitucional del asunto reside en su novedad, en su complejidad y en su capacidad de provocar un pronunciamiento que informe la aplicación del derecho constitucional en otros casos similares. En este sentido, la solución que se adopte en este caso tendrá, potencialmente, un amplio impacto social debido al elevado número de personas que usan los servicios de Instagram.
El supermercado alegó que no había registros de la caída, y que las cartolas de cuenta corriente que acompañó la actora daban cuenta de que ella no se encontraba en el supermercado a la hora de ocurrencia del supuesto accidente, ya que había realizado compras en otra región del país.
Si bien la decisión de la DGAC de ordenar a su personal utilizar su descanso compensatorio como medida por la baja demanda laboral producto del Covid-19 fuera corregida por Contraloría, los funcionarios no pueden usar nuevamente este derecho, pues consistiría en una repetición del mismo.
Como reiteradamente se ha resuelto, dicha facultad de anticipar el vencimiento se manifiesta inequívocamente con la presentación de la demanda por el total adeudado.
