El actor se desempeña como administrativo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La actora no acreditó que, al 31 de diciembre de 2017, existía en la cuenta respectiva la totalidad del saldo no utilizado durante ese año ascendente a $997.255.539.
Destacó la necesidad de promover la transparencia y el derecho de acceso a la información, en particular en el contexto de pandemia, para que las y los ciudadanos puedan participar de manera efectiva y ejercer sus derechos. Se refirió también al combate contra la desinformación como parte de los desafíos para lograr éste y otros objetivos .
El Tribunal estableció la falta de servicio de los demandados al perforar el colon durante la intervención y no haber dispuesto de inmediato de personal competente para asistir, monitorear y supervisar a la paciente en el posoperatorio.
En el caso de Chile, el Poder Ejecutivo ni tan siquiera ha procedido a firmarlo. La declaración conjunta del mes de junio del 2018 circulada por ambos Estados para celebrar el Día Internacional del Ambiente constituye el último compromiso oficial de ambos en favor de esta iniciativa regional.
La falta de una notificación que permita al demandado tener conocimiento de la demanda y ejercer su derecho a defensa, invalida el proceso v afecta gravemente el derecho a la defensa y a un debido proceso.
La recurrida actuó al margen de su competencia e invadió aquella que es propia de aquel órgano que debe controlar la legalidad de sus actuaciones.
Actualmente el Tribunal se integra por un número par de ministros, lo que ha generado problemas y cuestionamientos a su funcionamiento y críticas al ejercicio de sus funciones.
La sala designada por la Presidenta del Tribunal Constitucional tendrá que resolver si admite a trámite la impugnación, para luego pronunciarse sobre su admisibilidad.
El perjuicio se habría producido por la Orden de Paralización impugnada, que impidió el funcionamiento de la sociedad en sus actividades de construcción.
