La Sala del Senado respaldó la iniciativa que optimiza las funciones financieras y bancarias propias de Banco Estado, en consideración al rol que juega en los créditos a las personas y las pymes.
El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió parcialmente la demanda, declaró injustificado y nulo el despido y condenó a la empresa a pagar las indemnizaciones de término de contrato, el recargo legal del 50% sobre la indemnización por años de servicios, feriados, cotizaciones de seguridad social adeudadas y las remuneraciones que se devenguen hasta la convalidación del despido.
El documento fue elaborado y editado por la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema, y su finalidad es “recomendar usos prácticos que puedan ser comprendidos como un avance de los derechos de las mujeres y otros grupos, entendiendo que la administración de justicia debe resguardar la igualdad de trato, pero a la vez atender particularidades que caracterizan las distintas discriminaciones que puedan afectarles, entre ellas el uso del lenguaje”.
La recurrida descartó tales informes porque no cumplían con las formalidades exigidas, pero aún así no solicitó exámenes complementarios para evaluar adecuadamente la situación del solicitante.
La actora convalidó durante todo el procedimiento la forma de notificación electrónica, por lo que no existió una falta de conocimiento de las comunicaciones emitidas por la recurrida.
Tras escuchar las opiniones de profesores de derecho, los integrantes de la Comisión de Constitución respaldaron la propuesta de agilizar los procedimientos en casos de morosidad sostenida y daños a los inmuebles.
Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
Se alega que el homenaje al excomandante atenta contra el derecho de reparación de las víctimas de derechos humanos y amenaza con la repetición de tales actos al presentarlo como un modelo a seguir.
La Constitución no asegura la revisión en doble instancia. El legislador tiene cierta discrecionalidad para establecer el procedimiento en única o doble instancia, en relación a la naturaleza del conflicto.
Los actores no acreditaron su interés jurídico, directo e inmediato, comprometido en el resultado del juicio y en la protección de la garantía constitucional invocada.
