El Tribunal de alzada rechazó la acción cautelar deducida, tras descartar ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la autoridad recurrida, la que actuó dentro de sus atribuciones y basada en criterios técnicos.

Su aplicación al caso concreto deviene en inconstitucional al transgredir la garantía de la libertad sindical.

Produce alteración a la vida y salud de las personas, considerando la cantidad de vecinos que son electrodependientes; la cantidad de horas que pasan sin luz, afectando su cotidiano vivir, el deterioro de sus utensilios y de sus electrodomésticos.

La recurrente sostiene que la resolución impugnada afecta directamente la forma en cómo realizan los cultos y ceremonias tradicionales, afectando tradiciones esenciales para la cosmovisión religiosa y ancestral del Pueblo Mapuche.

El plazo de interposición del recurso de protección debe contabilizarse desde la resolución de los recursos de reposición o jerárquicos deducidos en contra de la resolución que rechazó la solicitud de la recurrente.

El requirente estima que no tiene relación comercial y laboral con el resto de las empresas objeto de la demanda, por lo que se le imponen cargas excesivas de manera arbitraria.

La decisión de la Institución le causa perjuicio, ya que luego de participar en un proceso de selección, de admisión y de obtener su título no obtuvo el nombramiento, pese a que siempre se conoció el parentesco que la vinculaba.

La central obtuvo la calificación ambiental favorable en el año 1995, esto es, antes de la entrada en vigencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

La medida reparatoria no permite obtener la reparación de las consecuencias derivadas de la vulneración de derechos fundamentales.

El requirente alega que la sanción aplicada resulta arbitraria y desproporcionada, vulnerando sus garantías constitucionales.