Normas que regulan la interdicción por demencia y la designación de curador, se impugnan en sede de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional.
El requirente alega que vulneran su dignidad, integridad psíquica, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el debido proceso, la protección a la vida privada y el derecho de propiedad.