El requirente alega que vulneran su dignidad, integridad psíquica, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el debido proceso, la protección a la vida privada y el derecho de propiedad.
El incumplimiento de esta cantidad de días faculta a la SUSESO a negarse a pagar las prestaciones solicitadas, en razón del artículo 4 del DFL N°44.
El requirente estima vulnerada la garantía de igualdad ante la ley, ya que viene a otorgar un privilegio injustificado a ciertos trabajadores en perjuicio de los demás, la libertad para desarrollar actividades económicas y el derecho de propiedad.
El requirente sostiene que tal limitación recursiva no tiene fundamento razonable y vulnera sus garantías de igualdad ante la ley y al debido proceso.
El Tribual de alzada estableció que la información solicitada por ley de transparencia, tiene el carácter de reservada.
El Tribunal de alzada acogió con costas las acciones cautelares tras establecer el actuar unilateral y arbitrario de las isapres recurridas.
En el texto se afirma que el derecho no será derecho, sino un mero permiso; no entregará propiedad; será otorgado por un ente que depende del poder político; sin criterios fijados a nivel constitucional, de manera temporal; y será el mismo ente quien decidirá su término.
Así lo propone la moción que comenzó a estudiar la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, que establece sanciones y penas, contribuyendo a disuadir conductas de riesgo y promover cuidado de todas y todos los usuarios vulnerables, tal como se transparentó durante la última sesión.
La víctima era hija de un familiar del docente. Durante el juicio se conoció que el condenado tenía denuncias previas, pero estas habían sido archivadas.
La Cámara deberá proponer al Senado, para su aprobación o rechazo, en votación única, a dos candidato seleccionados a través de un Concurso Público de Antecedentes.
