Acogido con el voto en contra del ministro Brito, quien estuvo por revocar el fallo y, en consecuencia, acoger la acción deducida, teniendo presente para ello que, el domicilio de la amparada estuvo bajo vigilancia de la Policía de Investigaciones sin motivos que lo justifiquen, hecho que no fue suficientemente desvirtuado por la recurrida.

Los recurrentes consideraban que la decisión del Tribunal Supremo había vulnerado su derecho fundamental al ejercicio del cargo público representativo (art. 23.2 CE).

La gestión pendiente incide en proceso seguido ante la Tercera Fiscalía Militar de Santiago, del Segundo Juzgado Militar de Santiago.

La Corte de La Serena indicó que, la medida de suspensión provisoria de las funciones de la recurrente, dispuesta por el fiscal del sumario administrativo incoado en su contra, contó con respaldo normativo suficiente para ser librada.

La Corte de Santiago indicó que, la resolución que dispuso el retiro temporal del servicio activo de Carabineros de Chile, lo fue dentro de las facultades que el ordenamiento jurídico le otorgó al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

El ente contralor llegó a esta conclusión, toda vez que fuero tiene por objeto impedir que la desvinculación se produzca por decisión de la autoridad.

Esto, a propósito de solicitud de Municipalidad de Paihuano, respecto del derecho de asistentes de la educación de su dependencia a percibir la Asignación de Reconocimiento por Desempeño en Establecimientos de Alta Concentración de Alumnos Prioritarios.

La Corte de Talca indicó que, del examen de los antecedentes allegados a estos autos y normativa vigente, no se advirtió que existió de parte de la recurrente un derecho indubitado.

El Tribunal Constitucional del Perú verificó que el alegato de la recurrente careció de fundamento jurídico y solo evidenció su disconformidad con la decisión de la jurisdicción ordinaria.

El máximo Tribunal ibérico aplicó la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.